La denuncia de que en las obras del TAV en Nafarroa se viven situaciones de esclavitud ha llegado al Parlamento de la mano de AHT Gelditu y LAB, a petición de EH Bildu y Contigo-Zurekin.

Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral de este sindicato, ha reclamado un mayor control de las grandes obras públicas por parte de las administraciones tras presentar un escenario plagado de conculcaciones de derechos laborales.

Iriarte ha destacado que en las obras del TAV prima la precariedad y es un espacio que se encuentra fuera del control sindical. Las adjudicaciones a grandes empresas se modifican a través de subcontrataciones que tienen trabajadores llegados de países empobrecidos que no conocen sus derechos. «No tienen a dónde ir a presentar sus quejas. No saben siquiera que existe la Inspección de Trabajo», ha explicado. Los doce muertos en las obras del TAV en Euskal Herria eran originarios de países empobrecidos.

En este entorno, no se presentan denuncias. Las pocas que existen se han registrado tras producirse un accidente. «Reflejan condiciones muy duras», ha constatado Iriarte.

Sin sanciones ni inspecciones

El miembro de LAB ha añadido que el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) no tiene capacidad sancionadora y que esta corresponde a la Inspección de Trabajo, dependiente del Estado y que solo tiene diez inspectores para toda Nafarroa. «Hay una decisión política de dejar tranquila a la patronal y de crear un espacio de impunidad», ha destacado.

De este modo, en un accidente registrado recientemente en otro punto de las obras del TAV, en Oskotz, ni siquiera se permitió a la Policía Foral llegar al lugar de los hechos para realizar el atestado.

Junto a ello, ha subrayado que las herramientas existentes son inútiles y ha recordado que el delegado territorial de prevención que recoge el Plan de Empleo no ha vigilado las obras del TAV.

«Es el hábitat perfecto para que actúen algunos empresarios y todo ello desde la promoción pública. Es necesario aumentar los controles», ha insistido Iriarte.

Denuncia en los tribunales

El miembro de LAB ha revelado que ya se ha presentado una denuncia en los tribunales por la situación de las obras del TAV en Tafalla, concretamente contra la empresa Global Mining Maintenance.

En nombre de AHT Gelditu, Enea Andueza y Bea Arana han destacado que las conculcaciones de derechos laborales que se dan en las obras del TAV están relacionadas con el impulso de una macroinfraestructura basado en un modelo depredador.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha destacado la gravedad de la denuncia y ha apoyado la necesidad de ampliar el control de una obra adjudicada por el Estado, pero sobre la que el Gobierno navarro también tiene responsabilidad. «Hay que poner coto a esta situación», ha defendido.

UPN apunta a EH Bildu, Sánchez y Koldo

La posición de Javier Esparza (UPN) ha sido la de acusar de mentir a los comparecientes, vinculándolos a «la Coordinadora del No». Ha señalado que «mentisteis en el pantano de Itoiz y estáis mintiendo en el TAV. No me lo creo».

Junto a ello, Esparza ha recriminado al trabajador denunciante «no dar la cara» y ha instado a los comparecientes a exponer sus quejas ante EH Bildu, «que es quien tiene la llave de los presupuestos del Gobierno que preside Pedro Sánchez y del Gobierno de la Comunidad Foral». Asimismo, ha añadido que esta obra fue adjudicada a una empresa que ha vinculado a la «trama Koldo».

Javier Lecumberri (PSN), tras mostrar su apoyo al TAV, ha animado a acudir a los tribunales a denunciar esta situación, al igual que Pablo Azcona (Geroa Bai), que se ha mostrado favorable a que haya un seguimiento.

Irene Royo (PP) también ha defendido el TAV y ha señalado que se trata «una obra pública que debe someterse a la legislación» y ha defendido que la Administración «investigue ante la mínima sospecha».

Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha denunciado que «la explotación laboral sigue existiendo» y ha añadido que «no se puede eximir de responsabilidad a las administraciones».