La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate Aita Mari, ha presentado una querella contra Vox Borriana y su concejal y diputado Jesús Albiol, quien acusó a dicha ONG de ser un «barco de negreros» y «cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas».

SMH solicitará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una indemnización económica inicial de 27.794,75 euros por los daños morales y perjuicios sufridos, al considerar que el dirigente ultraderechista ha cometido los delitos de calumnias e injurias. 

Dichas declaraciones, lanzadas en varios foros públicos y replicadas por su partido en redes sociales, se produjeron durante las protestas ante el Palau de la Generalitat el pasado 6 de septiembre de 2024 por el cobro de las tasas portuarias de los últimos cuatro años.

Explica SMH que, con el cambio de Gobierno valenciano, el actual Consell, dirigido por el PP, «decidió acatar una imposición de Vox», reclamando dichas tasas, que ascienden a 63.000 euros, «lo que, en la práctica, puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat».

Hay que mencionar que en la anterior legislatura, el Aita Mari y otras embarcaciones humanitarios encontraron refugio en los puertos de Burriana y Vinaròs «para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento». «El Gobierno valenciano aplicó una exención de tasas portuarias para las ONGs», recuerda SMH.

Precisamente, esta organización ha acudido a Mónica Oltra «para que nos asista como letrada en este caso, ya que fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat, quien propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Burriana y Vinaroz gracias a la exención de las tasas».

«Retórica xenófoba»

Amaia Iguaran, vicepresidenta de SMH, ha advertido de que los partidos de extrema derecha «buscan obstaculizar la ayuda humanitaria» y emplean una «retórica xenófoba, alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor».

«¿Por qué arriesgar la vida? Es una pregunta que quienes vivimos en la comodidad de Occidente no nos podemos ni imaginar. Por muy mal que nos vaya», ha reflexionado.

Frente a las acusaciones de la derecha, la vicepresidenta de SMH ha respondido que la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones, tanto de la sociedad civil como de las instituciones.

1.328 personas rescatadas desde 2019

Ha recordado que, desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Meditérraneo en 2019, ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas. Se trata de «una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados».

Asimismo, ha argumentado que «a pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria».

Es más, ha remarcado que la justicia italiana ha anulado la detención administrativa del Geo Barents (MSF), «enviando un mensaje tan claro como que solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales» y «dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a personas rescatadas en el mar».

Finalmente, Iguaran ha remarcado que negar el auxilio en alta mar o dificultarlo supone «un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que, tarde o temprano, hay que responder».