Con la sombra de la posible implantación de castigos en breve a las labores de rescate de embarcaciones humanitarias, el Aita Mari está listo para volver al Mediterráneo central en la que será su misión número 15.

Así lo ha indicado en un comunicado hecho público, en el que señala que, con el nuevo pacto migratorio europeo, se abre «un horizonte incierto, pero tenemos claro que su objetivo es dificultar el rescate de personas en el Mediterráneo central, y quedar al margen del derecho internacional».

Por otra parte, añade que «dentro de estos cambios legislativos en materia de migración, la Comisión Europea tiene la intención de dar potestad a los estados miembros para que contemplen la creación de ‘centros de retorno’ en terceros países, como el modelo de Meloni, que modifica el marco jurídico europeo con respecto a los retornos o deportaciones fuera de la UE. Esto supondrá una vulneración constante de los derechos humanos de personas que piden asilo y refugio».

En su comunicado recuerda que «dentro de esta estrategia lanzada por la ultraderecha europea de criminalizar a las embarcaciones humanitarias, y después de que el Gobierno de la Generalitat Valenciana de PP y Vox nos impusiera 80.000 euros en concepto de tasas portuarias, el diputado de Vox y concejal en Burriana Jesús Albiol hizo unas acusaciones contras embarcaciones de salvamento refiriéndose a nosotras como «barco de negreros» y «cooperantes de mafias de trafico de personas».

Tras no presentarse al acto de conciliación que le propusieron, «decidimos interponer una querella donde pedimos una indemnización por los daños morales causados con sus declaraciones. El objetivo de estas declaraciones es claro y va de la mano del nuevo marco discursivo de la extrema derecha internacional, criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad».

Ilegal cobro de tasas

Finaliza indicando que desde Bruselas, «ya se ha advertido al Gobierno valenciano. Cobrar tasas de forma retroactiva a los barcos de rescate podría ser ilegal y se salta el reglamento que entró en vigor en la etapa del Bòtanic, donde todos los barcos de ayuda humanitaria tenían exención de tasas en los puertos valencianos».

Hasta el día de hoy, la Comisión Europea ha indicado que los estados miembros de la UE «tienen la obligación de garantizar las operaciones de rescate en el mar y que no se les ha de dificultar su labor mediante barreras administrativas, ya que podría suponer una vulneración de los derechos humanos y de las normativas internacionales como la convención de la ONU sobre el derecho de mar y el convenio internacional sobre búsqueda  y salvamento marítimo».