En su última Asamblea Intercongresual, 500 sindicalistas de LAB realizaron un ejercicio con el objetivo de implementar la visión ecosocialista en su acción sindical. Dando por hecho que la emergencia ecológica ya atraviesa gran parte de los conflictos labores y sociopolíticos, y que en estos momentos la denominada transición ecológica se está realizando, en muchos casos, a costa de la clase trabajadora, el sindicato abertzale está buscando la fórmula para impulsar una transición justa que ponga a los y las trabajadoras en el centro.

Oihana Lopetegi, responsable de acción sindical y negociación colectiva, y Martin Lallana, responsable de transición ecológica de LAB han explicado en una entrevista a NAIZ los compromisos que el sindicato ha adquirido.

¿Por qué ven importante la implementación de una mirada ecosocialista en el sindicalismo?

Martin Lallana: La gravedad de la crisis ecológica ya no admite matices, y es una urgencia que, irremediablemente, afecta a toda la estructura económica. Somos conscientes de que durante los próximos años casi todos los conflictos laborales van a estar atravesados, en mayor o menor medida, por la crisis ecológica y que, por lo tanto, el sindicalismo vasco transformador y de contrapoder tiene que incluir eso en su orientación.

Oihana Lopetegi: El planteamiento del sindicalismo ecosocialista ya lleva unos años integrándose en LAB a través de diferentes momentos congresuales, y ahora era el momento de dar un paso más para profundizar esa orientación. En 2021 renovamos nuestro programa socioeconómico y establecimos objetivos a largo plazo definiéndonos como un sindicato ecosocialista. Ahora, en este ejercicio, lo que hemos hecho es poner las bases para pasar a la práctica e implementar en nuestra acción sindical el ecosocialismo.

«Algunos sectores tendrán que desarrollar su actividad; otros, sin embargo, tendrán que decrecer, y en algunos casos desaparecer»

¿La transición ecológica afecta a todos los sectores por igual?

O.L.: Hemos hecho una diferenciación porque, evidentemente, la transición ecológica no va a afectar a todos los sectores por igual. Algunos como el transporte, residuos o cuidados deberán de desarrollar su actividad y ganar mayor peso a medida que avanza esta transición. En algunos casos son sectores de los más precarios y feminizados, y tendrán que mejorarse las condiciones laborales.

En otros casos, como la automoción, la petroquímica o la industria pesada, deberán decrecer, transformar su proceso productivo y en algunos casos desaparecer. Irremediablemente, desaparecerán algunos puestos de trabajo, por ello, hay que planificar la transición para dar una alternativa a esos trabajadores y que no se pierda empleo. Hasta ahora, en las políticas sobre transición ecológica no se están poniendo en el centro del debate los derechos de los y las trabajadoras, es más, esa transición se está haciendo a costa de ellos y ellas.

¿Ven algunas comarcas especialmente castigadas?

M.L.: En este momento es el eje Aiaraldea-Ezkerraldea la zona que puede estar en una peor posición por la importancia que históricamente ha tenido la industria pesada en esta zona y porque, en consecuencia, es donde se concentran una parte importante de las emisiones de CO2. Cuenta con muchas empresas que, necesariamente, se van a tener que transformar y esto seguramente traiga focos de conflicto porque, tal y como hemos comentado, esta transformación se está haciendo en base a los intereses empresariales, la competencia y el mercado, al margen de los trabajadores.

«En muchos casos, en las empresas se está utilizando la transición ecológica como pretexto para degradar las condiciones laborales y realizar despidos»

Denuncian que la patronal está utilizando la transición ecológica como pretexto para llevar a cabo recortes, despidos o cierres cuando, además, están recibiendo cuantiosas subvenciones por parte de las administraciones.

M.L.: Es importante señalar que esto no empieza ahora, el momento en el que estamos ahora está marcado por tres décadas de políticas públicas fracasadas. Además, ahora estamos viendo que la política verde ha mutado a la política industrial, a la política de guerra comercial, a la política de competencia, incluso a la política de rearme. En este contexto, el dinero público que se dedica está enfocado a fomentar los beneficios de empresas privadas sin ningún tipo de condición sobre la transición ecológica ni sobre el empleo o las condiciones laborales. Se dedica mucho dinero público, pero en última instancia es el empresario de turno quien toma la decisión sobre como gestionar todo ese dinero. Muchas empresas están recibiendo millones de euros y están bloqueando sistemáticamente la negociación de convenios. En muchos casos están utilizando la transición ecológica como pretexto para degradar las condiciones laborales y realizar despidos. Es ahí donde también el sindicalismo tiene la necesidad de rearmarse y profundizar en sus análisis y propuestas.

O.L.: Está siendo una transición pensada para las empresas, pensada en como se puede seguir compitiendo en este sistema capitalista. No se está poniendo en cuestión el sistema mismo.

¿Qué cambios deberían hacer los sindicatos para afrontar todo esto? ¿Cómo van a ponerlo en marcha en LAB?

O.L.: Por un lado hay una acción más defensiva. Como hemos dicho, entendemos la necesidad de transformación y de decrecimiento de algunos sectores, pero mientras la vida y el bienestar de las personas trabajadoras dependa de ese empleo, vamos a responder a todos los procesos de precarización, despidos y cierres que las empresas quieran realizar sin una alternativa para sus trabajadores.

Por otro lado, desde un punto de vista más ofensivo, realizaremos reivindicaciones concretas que sitúen a la clase trabajadora como la protagonista de la transformación. Nuestro objetivo es anticiparnos a los conflictos que pueda haber y trabajar en la prevención de ellos, realizando planteamientos para que se haga una planificación a largo plazo y los derechos de los y los trabajadoras sea una cuestión central. Plantearemos medidas en las negociaciones colectivas para que la transición ecológica vaya acompañada de mejoras en los derechos laborales.

«Aunque todavía que mucho camino por recorrer, detectamos que hay una cierta reorganización y reorientación en los conflictos sindicales»

¿Qué ejemplos de lucha sindical ven a nivel mundial? ¿Hay en Euskal Herria alguna experiencia de la que aprender?

M.L.: Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, detectamos que hay una cierta reorganización y reorientación de los conflictos sindicales en ese ámbito.

En 2021, la empresa GKN Driveline anunció el cierre de su fábrica en Florencia (Italia), lo que suponía el despido de 400 trabajadores. Esto dio lugar a la ocupación de la fábrica por parte de los trabajadores y un proceso movilizatorio que implicó al resto de la sociedad. Presentaron un plan de reconversión industrial para la planta que salvase los puestos de trabajo mediante una cooperativa para la producción de, entre otras cosas, bicicletas de carga y paneles solares.

En 2023, en Alemania, haciendo coincidir con la negociación del convenio en el transporte público, los sindicatos Verdi de servicios y el EVG de transporte organizaron una huelga con el apoyo del movimiento ecologista que tenía como mayor reivindicación la mejora en el servicio de transporte público mediante un plan que duplicase la capacidad del servicio de autobuses y el volumen de trabajadores en ese servicio. Se dio una alianza fuerte entre el movimiento ecologista y movimiento sindical que aumentó la legitimidad de la huelga.

Hay otros ejemplos parecidos como cuando en Países Bajos el sindicato FNV Metaal empujó a la acería Tata Steel a realizar un plan de reestructuración que llevase a la empresa a un modelo de producción más sostenible. O cuando en Reino Unido, los trabajadores de la Rolls Royce lograron un acuerdo en el que la dirección se comprometía a explorar la fabricación de productos para impulsar la transición ecológica como una vía para hacer frente a los riesgos futuros de pérdida de empleo.

O.L.: Aquí, en Euskal Herria, tenemos la experiencia de Mecaner, donde, ante la amenaza de cierre de la planta de Urduliz, el comité de empresa encargó un plan de transición ecosocial en el que se exploraban diferentes alternativas productivas. El balance de Mecaner no puede ser positivo, porque cerró y los trabajadores fueron despedidos, pero sí que se pueden extraer diferentes aprendizajes. 

¿Cómo ven el panorama sociopolítico y sindical en Euskal Herria en este ámbito? ¿Hay posibilidades de encauzar la transición ecológica en unos parámetros más sociales?

M.L.: Creo que somos, en cierto sentido, bastante afortunados porque en Euskal Herria, a diferencia de otros países, la mayor parte del panorama sindical y la izquierda política nunca han puesto la transición ecológica y el empleo como cuestiones opuestos. Partimos un poco de esa ventaja y, por lo tanto, queremos aprovecharlo para lograr, en cierta medida, acuerdos de mínimos. Hay una reflexión compartida por parte de diferentes espacios de que es necesaria esa transformación y, por ello, sería importante no ponernos zancadillas unos a otros y avanzar en unos acuerdos de mínimos.

Por otro lado, hay que tener claro que las empresas tienen unos  intereses y la clase trabajadora tiene otros. Reconocer ese antagonismo es fundamental para abordar los conflictos que se van a dar.

«Euskal Herria tiene que aumentar su capacidad legislativa, pero al mismo tiempo hay competencias que no se están utilizando en la dirección que necesita la transición»

Asimismo, es muy importante la soberanía, nuestra capacidad de decidir democráticamente sobre todas estas transformaciones. Eso pasa por soberanía política, pero también soberanía energética o alimentaria. Creemos que Euskal Herria tiene que aumentar su capacidad legislativa pero, al mismo tiempo, hay competencias existentes en las instituciones de Euskal Herria que no se están utilizando en la dirección que necesita la transición.

O.L.: Con esa perspectiva, planteamos que se creen comités de transición justa en las comarcas o en ámbitos superiores, como puede ser a nivel de Euskal Herria, en las que participemos tanto las instituciones como la representación de los y las trabajadoras y los organismos sociales para pensar hacia dónde queremos ir y planificar la transición. Mesas donde los sindicatos y otros organismos sociales puedan tener voz y voto.

Impulsaremos un modelo contrapuesto al actual que deja el dinero público en manos privadas sin control: la intervención de lo público o lo público-comunitario a la propiedad de las empresas debe ser garantía de un mayor control democrático en la forma de realizar las transformaciones y de una transición en la dirección necesaria.

Señalan también que en la negociación colectiva abordarán cuestiones como la salud laboral, la movilidad, un diagnóstico sobre energía, materiales y emisiones y la transformación de la producción.

O.L.: Queremos plantear este tipo de cuestiones en todos los sectores, aunque somos conscientes de que, en muchas negociaciones colectivas, las prioridades son otras. Tenemos la intención de ir planificando ya para el año que viene dónde vamos a poner las prioridades y dónde vamos a poner nuestras líneas rojas en este aspecto. Nuestra intención es elaborar un documento para que en cada sector y en cada empresa, puedan plantear diferentes reivindicaciones. Intentaremos poner una prioridad a nivel general como puede ser la realización de un plan para hacer frente a a las temperaturas extremas o planes de movilidad.

M.L.: La de la movilidad es una cuestión clave. El transporte es uno de las mayores responsable de consumo energético y de emisiones de CO2, y uno de los grandes motivos para ello es la obligación que los trabajadores tienen de desplazarse todos los días a sus centros de trabajo. Estamos hablando de la urgentísima necesidad de reducir la dependencia hacia el vehículo privado.