Una docena de estados de EEUU presentaron este miércoles una demanda contra el Gobierno federal por la guerra arancelaria abierta por la Administración de Donald Trump. Los estados argumentan que socava la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior.

«Al arrogarse la autoridad para imponer aranceles inmensos y en constante cambio sobre cualquier mercancía que entre en Estados Unidos, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha alterado el orden constitucional y ha sembrado el caos en la economía estadounidense», reza la denuncia presentada por fiscales demócratas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

El desafío legal, liderado por los fiscales de Arizona y Oregón, Kris Mayes y Dan Rayfield, respectivamente, busca detener la aplicación de aranceles impuestos por Trump tras invocar una ley de 1977 (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) que otorga a los presidentes el poder de supervisar el comercio si el país está en estado de emergencia.

«Las supuestas ‘amenazas inusuales y extraordinarias’ identificadas por Trump como ‘emergencias nacionales’ no constituyen emergencias. Tampoco son extraordinarias, ni siquiera inusuales», ha declarado la parte demandante.

La demanda ha sido presentada por los fiscales generales de Nueva York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón y Vermont.

Respuesta de la Casa Blanca

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, ha calificado la acción legal de «cacería de brujas» y ha sostenido que la Administración Trump «mantiene su compromiso de utilizar toda su autoridad legal para enfrentar las distintas emergencias nacionales que nuestro país enfrenta actualmente, tanto el flagelo de la migración ilegal y los flujos de fentanilo a través de nuestra frontera como el explosivo déficit comercial anual de bienes».

La semana pasada, un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda sobre la autoridad del Gobierno para imponer aranceles, mientras que un grupo de derechos civiles presentó una queja por motivos similares a principios de mes, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.