El Gobierno de Lakua se plantea «mejorar», sobre todo en las zonas tensionadas, el canon que paga a los propietarios de viviendas vacías que las sacan al mercado de alquiler con el programa ‘Bizigune’ para que este sea «más atractivo».

Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en comisión en el Parlamento de Gasteiz, donde ha señalado que su Departamento «toca diferentes palos» para tratar de dar un respuesta a la «emergencia habitacional» y que «prioriza políticas de incentivos» para movilizar las viviendas vacías.

Ha apostado en este sentido por una fiscalidad que ayude a ese objetivo y por el programa ‘Bizigune’ –con 41 millones de presupuesto–, por el cual el Ejecutivo garantiza al propietario el cobro de la renta y la correcta conservación del piso a cambio de un precio de alquiler inferior al mercado libre.

Ahora el Gobierno se plantea elevar el dinero que paga a los propietarios que se acojan al programa ‘Bizigune’ cuyo piso está en una zona tensionada de vivienda. La razón para limitar esta medida a las zonas tensionadas es que en ellas las rentas están topadas y así se «evita que se recaliente el mercado» y suban los alquileres en el mercado libre.

Si a pesar de estos incentivos hay viviendas que «inexplicablemente siguen cerradas», Itxaso ha indicado que se puede recurrir a otras medidas como el canon a pisos vacíos, cuya aplicación es competencia de los ayuntamientos. El Ejecutivo de Lakua puede hacerlo de manera subsidiaria pero no tiene intención de «pasar por encima de los ayuntamientos, al menos de momento no».

Ese canon, según ha indicado, no es un instrumento «recaudatorio» ni busca «perseguir a los propietarios», sino «movilizar» esa vivienda vacía porque «no resulta concebible ni admisible que en la actual situación de emergencia habitacional haya viviendas deshabitadas».

9.045 viviendas vacías desde hace más de dos años

El consejero ha cifrado en 9.045 las viviendas que reúnen las características recogidas en el decreto de 2021 para ser declaradas como deshabitadas para la aplicación de este canon, es decir, que no están ocupadas desde hace más de dos años, que no se utilizan como segunda residencia, ni que el estado de desocupación se debe a razones laborales, de salud, emergencia social o dependencia.

Ese volumen de viviendas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es la tasa «más baja del conjunto de España» y la mayor parte de ellas (4.889 en concreto) están situadas en municipios de más de 10.000 habitantes, que es precisamente donde «mayores dificultades hay para acceder a una vivienda».

«Nadie se beneficia de esta situación. Los propietarios no obtienen renta alguna y la oferta se reduce contribuyendo a una escalada de precios que dificulta que muchas personas y en especial los más jóvenes puedan acceder a una vivienda digna», ha dicho el consejero, quien ha explicado que este año su Departamento tiene una partida de 500.000 euros para asesorar a los ayuntamientos que quieran aplicar el canon a pisos vacíos.

Esa partida, que se lanzará en el segundo semestre de este año, subvencionará la elaboración de planes locales directores de vivienda, de informes de declaración de zonas tensionadas y de gestión de las viviendas deshabitadas, entre otros servicios.

Discrepancias entre los grupos

Todos los grupos de la oposición se han mostrado favorables a las medidas en positivo para movilizar los pisos vacíos, aunque han discrepado sobre la aplicación del canon.

Jonathan Moreno (PNV) ha rechazado esta medida para «sancionar» y ha abogado por subir los precios que reciben estos propietarios «sin competir con el mercado» y por los incentivos fiscales.

Ana Morales (PP) también se ha opuesto al canon y en su lugar ha reclamado más garantías jurídicas para los dueños y que se agilicen los plazos para desalojar a inquilinos morosos.

Xabier Astigarraga (EH Bildu) ha considerado que el canon es «un recurso» que ve «con prudencia» y ha considerado que el objetivo debe ser movilizar vivienda vacía «por debajo del precio de mercado».

Adrián Fernández (PSE) ha asegurado «no concebir que haya viviendas vacías» y ha defendido los incentivos, pero si estos no funcionan considera que es momento de aplicar el canon.

Desde Sumar, Jon Hernández, que respalda el canon, ha recordado que esos 500.000 euros fueron incorporados a los presupuestos del Departamento de Vivienda gracias a una enmienda de su grupo.