
ELA celebrará su 16º Congreso los próximos 2 y 3 de junio en Bilbo, en el que planteará para su aprobación una resolución de su Comité Nacional para avanzar en el derecho a decidir, aunar fuerzas sindicales y sociales en tal sentido y reclamar plenas competencias en leyes laborales y sociales, como puntos más importantes.
En este sentido, dicha central sindical apuesta por impulsar la movilización social para lograr tal objetivo, además de establecer «una estrategia de influencia hacia las fuerzas políticas abertzales para que sus propuestas se alineen con las aspiraciones sociales y nacionales de la clase trabajadora».
Dicha resolución también propone coordinarse y sumar fuerzas con otros agentes sindicales y sociales «que compartan una visión transformadora del futuro político de Euskal Herria», promover un debate interno «con herramientas formativas, dirigidas especialmente a delegadas y delegados» y elaborar y aportar propuestas jurídicas, técnicas y sociales al debate institucional y político.
ELA defiende la participación social en el debate sobre el estatus político que, «tras décadas de incumplimientos por parte del Estado, no puede limitarse a actualizar algunas competencias». Así se ha manifestado Ane Zelaia, responsable de sindicalización, quien ha señalado que «ELA rechaza la idea de que el futuro estatus político deba limitarse a una mejora menor respecto al marco actual, no puede ser una simple revisión del modelo vigente, ni una mera actualización de competencias. Debe tener garantías que impidan injerencias unilaterales por parte del Estado».
Ahondando en ello, ha especificado que «dicho autogobierno no puede reducirse a una mera descentralización administrativa dentro del Estado español, sino que debe ser una herramienta transformadora, capaz de garantizar los derechos sociales, laborales, culturales y políticos del pueblo vasco. Más allá de esa herramienta, la apuesta estratégica de ELA es una República Vasca soberana al servicio de la mayoría social».
«Inaceptable»
En el caso de la CAV, Zelaia considera que es «inaceptable» que algunas fuerzas abertzales «concedan al PSE la capacidad de vetar lo que se negociará en Madrid». En lo que se refiere a Nafarroa, denuncia que «las carencias democráticas del actual marco de autogobierno son aún más graves. La LORAFNA fue aprobada en 1982 sin ser sometida a referéndum popular, lo que genera un déficit de legitimidad que aún persiste. A ello se suma la situación del euskera, cuyo estatus actual es limitado y discriminatorio, al no contar con un reconocimiento oficial».
Por su parte, el secretario general, Mitxel Lakuntza, ha advertido de que «ELA rechaza una gestión elitista del proceso y reivindica un modelo verdaderamente democrático, en el que la clase trabajadora pueda hacer valer sus aspiraciones e intereses», para lo que sería necesario que ese nuevo marco fuera refrendado «mediante votación popular».
En cuanto a la necesidad de una competencia plena en materia laboral y social, ha defendido «la plena capacidad en políticas fiscales y presupuestarias al servicio de las mayorías sociales, sin subordinación a los intereses del Estado», junto a «una legislación laboral propia, una seguridad social vasca y una política fiscal redistributiva».
Concluye la resolución que el sindicato «no aceptará una modificación cosmética del actual estatus, ni dará por bueno cualquier acuerdo, lo firme quien lo firme. Apostamos por un nuevo marco que avance en el reconocimiento nacional de Euskal Herria, amplíe de forma real y garantizada el autogobierno y sirva a los intereses de la clase trabajadora. Nuestro
compromiso es con un proyecto de país soberano, feminista, euskaldun, diverso y justo».

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