Dos meses después de presentarlo en rueda de prensa, el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha comparecido este lunes en las Juntas Generales de Bizkaia para exponer las líneas generales de la reflexión abierta por el Gobierno de Elixabete Etxanobe en torno al modelo de atención ciudadana y el plan de sedes que se pretende abordar para 2027.

A pesar de que se asegura que perseguiría mejorar la calidad del servicio público y del entorno laboral del personal, la eficiencia administrativa y energética, así como la reducción del gasto, en el fondo subyacen operaciones inmobiliarias en ciernes como la del edificio Delclaux, en alameda Rekalde e Iparragirre.

En nada quedó la idea de trasladar a un millar de trabajadores de los cerca de 3.000 a la Torre Bizkaia, dedicada ahora en exclusiva a albergar a B Accelerator Tower (BAT) como ecosistema del emprendimiento e innovación.

El plan arrancó en 2016 siendo diputado general Unai Rementeria y diez años después, con muchos documentos de reflexión e informes contratados a la consultora PWC que lidera Asier Atutxa desde la Torre Iberdrola, la Diputación de Bizkaia asegura que avanza en su «reflexión estratégica». En el plan de mandato Bizkaia Denontzat se incluye la pretensión de adaptar las sedes forales a los nuevos modelos de trabajo y de relación con la ciudadanía para 2027.

Izagirre ha indicado que la Diputación y 16 entidades bajo su control ocupan un total de 31 inmuebles en Bilbo, de los que 19 están en propiedad, 11 en alquiler y 1 en un régimen mixto. Los 12 centros que no son propiedad de la institución foral suponen un gasto anual en arrendamientos de 2,6 millones de euros.

Si se centralizan esas dependencias, ha apuntado el diputado foral, se podrían ahorrar alrededor de 10 millones de euros en cada legislatura. Además, ha incidido en que habría beneficios al optimizar recursos en mantenimiento, eficiencia energética o en movilidad. En la actualidad, las arcas forales destinan anualmente 43,8 millones a consumos, reparación y conservación de esas instalaciones.

Propuestas

A partir del estudio, la Diputación debe barajar varias opciones, que tendrán que ser estudiadas con posterioridad. Una solución es plantear «pequeños traslados» entre las actuales sedes, eliminando algunas de ellas, con la posibilidad de reunificar o agrupar algunos de los servicios que se ofrecen en ellas.

Otra propuesta es la unificación por departamentos ahora dispersos. Y, finalmente, se incluye la unificación de la mayor parte de los servicios ofrecidos por la Diputación en base a dos posibilidades: el alquiler de un gran edificio en Bilbo (con al menos 20.000 metros cuadrados) o la construcción de una nueva sede.

El titular de Administración Pública y Relaciones Institucionales ha manifestado que, a partir de ese análisis, se abren posibilidades que deberán ser objeto de una «profunda reflexión y análisis» teniendo en cuenta, sobre todo, la definición del modelo de atención ciudadana que se quiere impulsar, además de cuestiones de organización y coordinación interna, la mejora de las condiciones de trabajo del personal foral, la realidad del mercado inmobiliario y los costes de estas operaciones. «Son decisiones estratégicas que tardarán mucho tiempo en aplicarse», ha advertido Izagirre, que ha hablado de 10 o 15 años.

Lo cierto es que en este tiempo la Diputación no ha estado de manos cruzadas. En 2019, el Gobierno de Unai Rementeria negoció con el Ayuntamiento de Bilbo en el marco de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la recalificación del edificio Declaux, con fachadas a la alameda Rekalde e Iparragirre, de oficinas a residencial para dar cabida a pisos de lujo a escasa distancia del Museo Guggenheim. Entonces, también se introdujeron modificaciones urbanísticas respecto al solar donde estuvo Peritos en La Casilla.

Ager Izagirre ha tratado de escapar del hilo argumental relacionado con las plusvalías millonarias que obtendría por la venta de algunas propiedades, aspecto que entiende EH Bildu que está detrás de toda esta operación. La juntera Arantza Sarasola ha dicho que ve a la Diputación «un poco desorientada», al estimar que no hay una reflexión estratégica «más allá de la ubicación de las sedes».

Sarasola ha criticado que el nuevo informe de PWC, que da continuidad al de 2018, no hace referencia a las oficinas Gertu repartidas por el herrialde, la accesibilidad a las sedes, su eficiencia energética o a las medidas de teletrabajo que van en aumento entre las y los trabajadores. Ha citado, por ejemplo, que se hayan habilitado recientemente unas dependencias en la calle Licenciado Poza para «descongestionar» el palacio foral, o otras de Acción Social en alameda Urquijo y Mazarredo.

A los soberanistas de izquierdas les ha sorprendido cómo han recibido el resto de grupos políticos el informe, ya que ha desvelado que no es nuevo. También desde la oposición, Eneritz de Madariaga, de Elkarrekin Podemos, ha solicitado al Gobierno foral que se tenga en cuenta la accesibilidad al transporte público y la descentralización que suponen las oficinas de Gertu.