Alfonso Arriola era gerente del Parque Tecnológico de Araba cuando cooperó en un delito de prevaricación administrativa por el que en 2023 fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a «cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier cargo en sociedades participadas por capital público» en el marco del «caso De Miguel».

Antes de ponerse al frente del Parque Tecnológico, Alfonso Arriola había sido responsable de industrias agroalimentarias del Departamento de Agricultura y Pesca, director de Pesca del Gobierno de Lakua y jefe de la oficina Territorial de Araba del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Después, a finales de 2009, volvió como funcionario al Gobierno de Lakua, donde ha ido escalando puestos al mismo tiempo que seguía su causa judicial por el «caso De Miguel».

En enero de 2023 llegó su condena firme. En marzo de 2025, ha sido nombrado responsable de Programa Empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Desde el Gobierno autonómico han defendido estos nombramientos alegando que Alfonso Arriola es funcionario de carrera y la condena del TS no le inhabilita para ello.

ARTÍCULO 178 DE LA LEY 11/2022

Pero al margen de la sentencia, el grupo parlamentario del PP en Gasteiz ha recordado que el artículo 178 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, califica como una «falta muy grave» «el incumplimiento del deber de respeto al ordenamiento jurídico vigente, en el ejercicio de funciones públicas».

Por ello, el parlamentario Santiago López preguntó a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarraretxena, si «se ha valorado si los hechos que motivaron la condena penal constituyen también una infracción administrativa muy grave conforme al artículo 178 de la Ley 11/2022».

La consejera insiste en la literalidad de la condena y asegura que «los hechos juzgados el Sr. Arriola no los cometió en su condición de funcionario, de acuerdo con la sentencia. Además, los hechos no fueron cometidos en esta organización y estaban prescritos».

Una respuesta que se puede considerar discutible. La ley habla de incumplir el ordenamiento jurídico en el ejercicio de funciones públicas, sin determinar cuáles sean estas. Ser gerente del Parque Tecnológico de Araba es una función pública. Y lo fue entre abril de 2006 y setiembre de 2009. Entró luego como funcionario al Gobierno de Lakua y el «caso De Miguel» fue denunciado en diciembre de 2009 y la redada de la Ertzaintza llegó en abril en 2010. La causa judicial siguió abierta hasta enero de 2023. Es difícil entender qué hechos son los prescritos y desde cuando.

Sobre si «¿se ha valorado si la conducta de Alfonso Arriola es compatible con el código ético y de conducta del personal empleado público vasco recogido en la Ley 11/2022?», Lakua responde que «se ha valorado la conducta de Alfonso Arriola como se valora al resto del personal empleado».

Y no se ha realizado ninguna evaluación sobre su idoneidad para la gestión de ayudas públicas tras su condena porque ha ganado su plaza en «un proceso de concurrencia competitiva, que implica que es la persona que ha demostrado mayor mérito y capacidad».