Que reconozca «su responsabilidad principal y directa en estos crímenes» a través de «una declaración oficial» es lo que reclaman al Estado español las asociaciones Martxoak 3 y SF78 Gogoan!, que han unido fuerzas para alcanzar este y otros objetivos.

Así lo han anunciado este martes en una comparecencia ante los medios en la que representantes de ambas asociaciones han recordado que «los crímenes perpetrados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978 en Iruñea son dos grandes heridas abiertas en Euskal Herria. Son la punta del iceberg de una estrategia represiva que torturó y asesinó a cientos de personas, después del 20 de noviembre de 1975», tras la muerte de Franco.

En este sentido, han señalado que «denunciamos una vez más el insoportable modelo de impunidad español y reivindicamos con fuerza: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para todas las víctimas de la violencia de Estado».

Para lograrlo, Martxoak 3 y Sanfermines 78 han unido «fuerzas para exigir respuestas al Estado. Lo hacemos de manera colectiva, conscientes de que cada paso que vayamos dando en la buena dirección puede abrir la vía para que otras muchas víctimas olvidadas por las instituciones puedan tener por fin el reconocimiento integral que se les debe y sigue pendiente».

Cuarenta solicitudes

Esta iniciativa incluye «acogernos a los mecanismos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la cual reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión».

Entre ambos colectivos han tramitado simultáneamente «40 solicitudes para obtener este reconocimiento, entre ellas las correspondientes a los asesinados en Gasteiz, Tarragona, Basauri, Iruñea y Donostia».

Sin embargo, la actuación anunciada este martes «no se ciñe solo a este procedimiento, si no que viene acompañada de la exigencia de reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes».

Han recordado que la citada Ley de Memoria Democrática, en el apartado 2 de su artículo 2, recoge «claramente que los poderes públicos interpretarán la presente Ley de conformidad con los tratados internacionales de Derechos Humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera».

Una cuestión en la que ahonda también «el propio contenido del artículo 10.2 de la Constitución española, que además está relacionado con el artículo 96 de esa misma Constitución, donde declara que los Tratados internacionales forman parte de su ordenamiento jurídico interno».

Ambas asociaciones consideran «obligado reclamar al Estado español el reconocimiento de su responsabilidad principal y directa en la realización de estos crímenes». Y, por lo tanto, «hacemos este llamamiento público al Gobierno de España y a su presidente para que realicen al más alto nivel una declaración oficial en esos términos y que incluya un compromiso real para culminar la modificación de la todavía vigente Ley franquista de Secretos Oficiales».

Han apuntado que «este paso a dar sería imprescindible, pero no definitivo, pues quedan pendientes cuestiones muy importantes, como es el acceso real a la Justicia, así como lograr un trato igualitario y sin discriminación alguna, a todos los niveles, para todas las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, cuestión esta que a día de hoy no se da en el Estado español».