Coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio, Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR Euskadi han denunciado el «nuevo y grave retroceso en materia de derechos humanos» que supone la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, en concreto la modificación del artículo 126.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Fundación EDE en Bilbo, la coordinadora territorial de CEAR Euskadi, Elena Valverde, y el director de Zehar-Errefuxiatuekin, Javier Canivell, han presentado los datos que se esconden tras la situación de las personas refugiadas, recogidos en el informe ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, a la vez que han explicado los cambios que conlleva la modificación de la Ley de Extranjería. El acto también ha contado con el testimonio de Óscar Fernández, refugiado colombiano en Euskal Herria afectado por el cambio reglamentario.

Con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025, la modificación del artículo 126 de la Ley de Extranjería deja de computar para la autorización de residencia por arraigo el tiempo que una persona solicitante de asilo internacional ha permanecido en el Estado español bajo esta condición.

Así lo ha comentado Canivell, quien ha destacado que «con el antiguo reglamento, se fijaba un periodo de tres años de residencia continuada en España para solicitar el arraigo». «Aunque ahora se ha bajado a dos, el tiempo que las personas solicitantes de protección internacional están en esta condición no van a contar. Esto está impactando gravemente en estas personas, que están viendo denegadas sus solicitudes de protección internacional», ha continuado el director de Zehar.

Por ello, en nombre de CEAR y Zehar-Errefuxiatuekin, Canivell ha reclamado «vías legales y seguras para solicitar protección internacional», «reformar la Ley de Extranjería para que, verdaderamente, se respeten y se garanticen los derechos de las personas que deseen solicitar esta protección», «el fin de los visados de tránsito que impiden a las personas solicitar la protección» y «una política migratoria basada en la dignidad, la justicia y los derechos humanos».

Fernández: «Nos condena a la irregularidad forzada»

Sobre este asunto, ha llegado el turno de Fernández, refugiado colombiano que se ha visto obligado a retirar su solicitud de petición internacional debido a la modificación del artículo 126 de la Ley de Extranjería. Después de casi cuatro años en el Estado español, a donde llegó en noviembre de 2021, este colombiano aterrizó a Euskal Herria en diciembre de 2022.

En la capital vizcaina comenzó a trabajar, «con un contrato indefinido y todas las prestaciones de ley correspondientes», en el mismo hostel en el que se hospedó los primeros meses de su estancia. «Mientras esperaba la respuesta definitiva a mi solicitud de protección, la vida continuó con este ritmo esperanzador hasta noviembre de 2024, cuando se promulgó un cambio significativo en el reglamento de Extranjería», ha explicado.

La nueva normativa, según ha criticado, ha significado que se sintiera «totalmente discriminado y segregado, simplemente por tener la osadía de pedir protección en España». Ante esta situación, Fernández se vio obligado a renunciar a su petición de protección internacional y, por consiguiente, dimitir de su trabajo, renunciado a «la posición estable» que tanto le había costado conseguir.

«La gravedad de este asunto va más allá de mi experiencia personal. Esta nueva regulación, que supuestamente pretendía promover la inclusión, nos ha condenado, en mi experiencia y en la de muchos otros solicitantes, a una irregularidad forzada. En lugar de tender puentes, se han levantado muros burocráticos que abogan la esperanza y socavan los mismos principios de humanidad y acogida que se pregonaban antes de su publicación», ha denunciado. Una «paradoja cruel» de quienes, en busca de protección internacional, terminan encontrándose en un «limbo legal, condenados a la incertidumbre».