El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de Lakua ha echado mano del derecho de tanteo y retracto para adquirir un total de 148 viviendas protegidas de titularidad privada en Arrasate, que pasarán a formar parte del parque público de vivienda en alquiler.

Según ha informado el Ejecutivo, una docena de estas viviendas están actualmente deshabitadas, lo que permitirá a Alokabide proceder a su puesta a punto y posterior adjudicación con criterios sociales, dando prioridad a personas del municipio inscritas en Etxebide.

La operación, cuyo coste asciende a 5.748.000 euros, incluye también 148 garajes y 148 trasteros vinculados a las viviendas, además de 18 garajes libres y 1 local comercial.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha señalado que «se trata de una oportunidad que no podíamos dejar escapar para reforzar por la vía rápida el parque vasco de vivienda pública en alquiler».

«Esta operación representa el ejemplo más contundente del potencial del tanteo y retracto como herramienta estratégica», ha añadido, y ha aseverado que «esta adquisición singular por volumen y condiciones nos acerca al objetivo de incorporar 500 viviendas al parque público a través de diferentes fórmulas, especialmente la de tanteo y retracto».

Un derecho infrautilizado

Efectivamente se trata de la mayor adquisición de vivienda protegida ejecutada hasta la fecha mediante tanteo y retracto en la CAV, y Lakua la ha tildado de «inédita e histórica».   

Sin embargo, el derecho de tanto y retracto no es nuevo. De hecho, está regulado en la Ley de Suelo de 2006 y en la Ley de Vivienda de 2015. Y esta fue precisamente la escusa puesta sobre la mesa por la jeltzale Irune Berasaluze en 2022 para votar en contra de una proposición de ley que tenía por objeto regular la opción de adquisición preferente de vivienda por parte de las administraciones públicas.

La iniciativa fue defendida ante el pleno por Unai Fernández de Betoño, de EH Bildu, que incidió en que Lakua debería utilizar el derecho de tanteo y retracto para comprar las VPO que salgan a la venta en zonas donde de mercado de alquiler tensionado, como pueden ser las tres capitales de la CAV, en especial Donostia.

«¿Para qué? Para poner esas viviendas en alquiler social, de forma que estén blindadas y controladas por las administraciones públicas», manifestó.

Tres años después de que el PSE votará en contra de dicha proposición de ley, Itxaso ha aseverado que «el éxito de esta operación refuerza nuestro compromiso de seguir utilizando todas las herramientas disponibles para responder a la demanda social de vivienda en Euskadi».