En enero de 2023 saltó la noticia: la antigua residencia de Arana, en Gasteiz, se convertiría en un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) con capacidad para 350 personas refugiadas. Desde entonces se han sucedido las críticas airadas y se han repetido las movilizaciones contra el proyecto, organizadas por vecinos y vecinas que llevaban una década reclamando la reapertura del geriátrico. Y la ausencia de una respuesta institucional a las dudas de la ciudadanía ha dado pie a discursos xenófobos y campañas populistas, como la recogida de firmas organizada por el PP.

Este lunes, después de dos años y medio, la delegada del Gobierno español en la CAV, Marisol Garmendia, ha comparecido en una asamblea abierta moderada por la asociación de vecinos y vecinas Aranako en el centro cívico del barrio. Ha ofrecido datos sobre el centro, que costará 16 de millones de euros, y ha escuchado de primera mano el enfado monumental del vecindario. Una población envejecida que responde con miedo a los discursos, y también fake news, difundidas por la extrema derecha. 

Sin duda la principal crítica, o temor, según se mire, es el tamaño del centro: 350 plazas. Garmendia ha señalado que «hay una realidad que hace inviable» alojar a las personas demandantes de asilo en pisos o en centros de menor tamaño; la emergencia habitacional. «Tenemos un problema de vivienda y no hay suficientes pisos y edificios en los que podamos ubicar a estas personas. Y tenemos un edificio propiedad del Gobierno de España vacío desde hace diez años», ha indicado la delegada, que ha estado acompañada de Elena Valverde (CEAR) y Miren Leizaga (Accem). 

Ambas han coincidido en el mismo argumento, remarcando que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de personas solicitantes de asilo –167.000 personas el año pasado en todo el Estado español–. «Somos la cuarta comunidad con mayor número de solicitantes de protección internacional y estamos lejos de la capacidad de asilo», ha manifestado Valverde, que, no obstante, ha reconocido que el uso de apartamentos o de centros de menor tamaño «facilitaría la integración. Pero no disponemos de estas estructuras y estos recursos, y tenemos la posibilidad de atender en un centro bien dotado. Es una oportunidad».

Leizaga ha destacado que en hace diez años Accem disponía de 36 plazas en Gasteiz y en la actualidad gestiona 106, «y son insuficientes porque estamos en cifras récord en desplazamientos forzados en el mundo». «La modalidad de un piso sería el ideal, pero estamos en una situación de emergencia y debemos disponer de recursos. Y tener este tipo de centros nos ayuda en nuestro día a día», ha apuntado, antes de referirse a otro asunto que preocupa a vecinos y vecinas, la llegada de alumnos y alumnas extranjeros a los centros escolares. Hay dos junto a la antigua clínica. 

Ha explicado que será preciso reforzar los recursos de los colegios públicos para que puedan realizar un acompañamiento a los menores que residan en el centro de refugiados, donde las familias podrán permanecer un máximo de dos años. Y, a su juicio, ese acompañamiento también se deberá extender a los adultos. «Entendemos los miedos que tenéis los vecinos y vecinas, pero la realidad es que si se trabaja desde el inicio, luego se va a vivir de otra manera. El volumen puede parecer fuerte, pero el día a día es mucho más normalizado», ha aseverado.

«Podía haber seguido siendo residencia»

Estas palabras no han servido para convencer a unas personas que se sienten engañadas por las instituciones locales. No en vano, la Diputación, en concreto el Gabinete del jeltzale Ramiro González, puso como excusa el estado del edificio y la presencia de aluminosis para descartar la reapertura de la residencia. Hoy Marisol Garmendia ha negado cualquier afección estrutural. «Entiendo vuestro cabreo. Este edificio se puso en subasta publica dos veces. Nadie lo compró. Ni Diputación, ni Ayuntamiento, ni Gobierno Vasco», ha subrayado, y ha reconocido que «el edificio podía haber seguido siendo residencia. Si no han querido, allá ellos».

Sobre los discursos de odio difundidos por la derecha, la delegada ha señalado que las personas que van a vivir en el CAPI «no son delincuentes, esas personas son como nosotros. Han tenido que huir. Necesitan un espacio para vivir y van a venir a trabajar». A este respecto, Valverde ha remarcado la importancia de brindar un lugar seguro, con servicios básicos. «Lo peligroso es tener a personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas», ha añadido.