La persecución judicial a Josu Urrutikoetxea no cesa y ahora ha sido procesado en Madrid, señalado como «máximo dirigente» de ETA apoyándose en algunos hechos que son públicos y notorios a estas alturas y se corresponden con el proceso de resolución. El juez Santiago Pedraz lo establece tirando del hilo de una causa sobre su financiación a través de las herriko tabernak, y apunta como prueba de ello que fuera el encargado de «anunciar su disolución» de esta organización.

La participación de Urrutikoetxea en intentos diferentes de resolución ha sido reconocida por él mismo en distintos foros, como esta entrevista a NAIZ en 2021. En ella dijo además no sentirse sorprendido por la persecución judicial: «Me han colocado como trofeo. Conseguir ese trofeo sería una gran victoria desde el punto de vista español. ¿Si me ha sorprendido que hayan planteado esas causas? En absoluto, porque, hasta ahora, ese ha sido el comportamiento del Estado español y, aunque cambie la situación, mantiene ese mismo comportamiento».

El magistrado de la Audiencia Nacional se escuda ahora en documentos incautados en un registro a Urrutikoetxea tras su detención en mayo de 2019 y en los que afirma que se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria de que «ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA».

A la vista de esas pruebas, Pedraz no duda de la condición de dirigente del procesado porque, según señala, «no de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes».

Asimismo, añade, «no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución»

La asociación Dignidad y Justicia pidió en marzo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional incorporar esas pruebas a esta causa y revocar la conclusión del sumario para ampliar el procesamiento.

La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA a través de las herriko tabernak en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Urrutikoetxea se encontraba huido.

El 31 de mayo de 2024, Pedraz -al frente del Juzgado Central de Instrucción 5, en el que Baltasar Garzón había investigado dicha causa sobre la financiación de ETA- acordó declarar concluso el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

A la espera

Urrutikoetxea reside ahora en Lapurdi en régimen de libertad bajo control judicial y el Estado español lo reclama para juzgarlo desde su captura, pero su extradición está pendiente de otro juicio previo en los tribunales franceses.

Se trata del fijado para el próximo mes de octubre por su presunta implicación en la actividad de la organización armada entre 2002 y 2005, un caso por el que ya fue condenado en rebeldía.

Tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, por el que la Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel para él.