Cuatro días después de que el Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia aprobara el proyecto definitivo del túnel bajo el Ibaizabal, decenas de personas se han vuelto a concentrar este lunes a la tarde ante el palacio foral para exigir su paralización. «El Subfluvial no es progreso. Es un paso atrás en la lucha climática y una amenaza para nuestra salud», han insistido en su protesta ruidosa.

Desde que la institución foral diera el plácet a la construcción de las galerías que conectarán la rotonda de Artatza (Leioa) y Ballonti (Portugalete), el titular del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, el jeltzale Carlos Alzaga, ha ido exponiendo en diferentes medios de comunicación las bondades del proyecto, incidiendo en que impulsará la actividad de las constructoras.

En eso coincide con los opositores, que abogan por que los cientos de millones que costará el Subfluvial –543,7 millones de euros, según la estimación inicial– se destinen a reforzar los servicios públicos.

Para la plataforma convocante de la concentración, las «mayores amenazas» por la construcción del polémico túnel vendrán de las voladuras programadas inicialmente solo en Artatza y que, debido a las modificaciones en la Declaración de Impacto Ambiental, se pretenden extender a otros tramos sin «estudios rigurosos».

«Estas explosiones generarán ruidos y vibraciones peligrosas para edificios cercanos como el IES Artaza-Romo y que superarán los límites legales», manifiestan los opositores mientras el diputado foral lo niega y les acusa de «alarmistas». Alzaga insiste en que las «microvoladuras» no generarán afecciones y las molestias serán «mínimas».

Los concentrados han criticado la «opacidad» de la Diputación, a la que acusan de «violar la ley» al no haber comunicado a todos los afectados su decisión sobre la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental, que fue publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), pocas horas antes de aprobar el proyecto constructivo definitivo.

«Visión obsoleta»

Lo dijeron ese día en la trasera de la sede foral y este lunes lo han reiterado: «La Diputación sigue anclada en una visión obsoleta de la movilidad, donde el único objetivo es mover coches, no personas y mercancías».

Frente a lo que califican de «lógica caduca», han exigido «un estudio riguroso que identifique qué trayectos actuales pueden realizarse a pie, en bicicleta o en transporte colectivo, para potenciar estos medios y reducir progresivamente el uso del vehículo privado».

Basan su propuesta en que «esta transición no es una opción, sino un mandato. No hay excusas; o cambiamos el modelo o incumplimos nuestros compromisos climáticos y condenaremos a las próximas generaciones a un territorio más contaminado, ruidoso y desigual».