Nariño es uno de los 32 departamentos de Colombia más azotados por el conflicto armado entre el Gobierno y los grupos guerrilleros. En 35 años de guerra, se contabilizaron 44.500 muertes. Se trata de una de las zonas del mundo con mayor producción de cocaína (65.000 hectáreas). Ello se suma a la minería ilegal, cuyo negocio, al igual que el de la droga, se disputan varios grupos armados. Los acuerdos de paz de 2016 entre el Ejecutivo y las FARC no lograron poner fin a la violencia en este territorio, y varias disidencias de esta guerrilla siguen echando un pulso al Estado.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) quedó fuera del proceso de paz, aunque en 2022 se sentó en una mesa con el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, a comienzos de este año, Petro decidió suspender la búsqueda de un acuerdo de paz con la última guerrilla en armas en Colombia, después de una serie de ataques en Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde se disputa el territorio con una de las disidencias de las FARC. No obstante, el Ejecutivo mantiene en el Departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, un proceso de negociación con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, con la que firmó dos acuerdos de paz el 5 de abril.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lidera a nivel territorial el desarme y la reintegración a la vida civil de los combatientes de este grupo guerrillero y también ha abierto junto al Estado un proceso de paz con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia de las FARC, liderada por Iván Márquez.

Los esfuerzos a nivel territorial se suman a iniciativas del Estado como la anunciada el pasado viernes por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de que suspenderá la extradición a EEUU de los líderes guerrilleros vinculados al narcotráfico que se acojan a las negociaciones en el marco de la «paz total».

¿Cómo está siendo el doble proceso de paz en Nariño?

En el marco de la ‘paz total’ que lidera el presidente Gustavo Petro, hemos apostado por una estrategia de paz territorial entendiendo que los acuerdos de paz los lidera el Gobierno nacional, pero, por primera vez, un gobernador entiende la necesidad de articular con el Ejecutivo la construcción de la paz. Sin embargo, a diferencia de como se hizo en 2016 con las FARC cuando nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado, dado que lo último que se pensó fue en las transformaciones de los territorios que no llegaron. De ahí que los territorios fueran ocupados por otros actores armados residuales, ya que la fragmentación del conflicto en Colombia permitió tener unas disidencias no calculadas de las FARC que hoy están en todos los territorios, junto al ELN y el Clan del Golfo.

¿Cómo afectó al Departamento de Nariño esa dispersión de los grupos armados?

Se dispersaron especialmente en las regiones donde las economías ilícitas juegan un papel determinante. En Nariño, los grupos armados dispersos están ligados a las economías de la coca, la minería ilegal, el tráfico de personas y de armamento. Nariño y el Catatumbo son las zonas que tienen la mitad de la coca del mundo, por decirlo de alguna forma, al aglutinar la mitad de la cocaína del país que se calcula en 265.000 hectáreas. Ambas tienen la particularidad de que son dos zonas de frontera, una con Ecuador (Nariño, con 69.000 hectáreas de cocaína) y otra con Venezuela (Catatumbo, con 60.000 hectáreas).

¿Qué solución han ofrecido al Gobierno para acabar con esta situación?

Con esa realidad, interpretamos la necesidad de decirle al Gobierno nacional que la ley de paz total permite que haya diálogos regionales de paz para que, a la vez que vamos consolidando la seguridad humana en el territorio negociando con el actor armado su tránsito a la vida civil, vayamos también haciendo las transformaciones territoriales. A esto le hemos llamado el DNI de la paz: dialogando, negociando e implementando, porque sin transformar los territorios no se puede desarmar la guerra. Para ello, ayudamos a coordinar procesos de paz con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Además, esperamos que también entre el frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (disidencia de las FARC).

¿Qué importancia tienen los territorios en la construcción de la paz en Colombia?

Lo que buscan los diálogos territoriales es que haya, desde el principio, presencia de los liderazgos sociales en las conversaciones de paz. Esa es la diferencia en Nariño, donde la paz se está construyendo desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. En ese sentido, los resultados se han acelerado en la medida en la que con Comuneros del Sur se acordó un proceso de desarme que ha permitido destruir una tonelada de armamento y 5.000 hectáreas de cocaína de las 8.000 que hay en esa zona.

¿Qué otro tipo de acuerdos se alcanzó en el marco del proceso de paz con Comuneros del Sur?

Se acordó la ubicación temporal de los actores armados para empezar su proceso de desarme y su tránsito a la vida civil en la zona de resguardo indígena del Gran Mallama, previa consulta a las comunidades en cumplimiento del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto es inédito en Colombia. Asimismo, hubo acuerdos de desminado humanitario y de búsqueda de desaparecidos, al tiempo que se comprometieron a no reclutar niños ni niñas.

¿Qué acuerdos se lograron con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano?

En las mesas de negociación se avanzó hacia una zona de ubicación temporal en Tumaco y en el Putumayo, y se acordó reducir 30.000 hectáreas de coca (15.000 en Nariño y 15.000 en Putumayo). Asimismo, se van a destruir cerca de ocho toneladas de material bélico, al tiempo que se empieza a hacer el desminado de los territorios.

Ahora el desafío que tenemos es que el otro grupo armado que opera en el territorio límite con el Cauca, el frente Franco Benavides del Estado Mayor Central pueda lograr un acuerdo con el Gobierno para hacer de Nariño un laboratorio para la construcción territorial de la paz.

¿Cómo se les convence para que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil?

Lo más importante es que el Estado entienda que esa conversación tiene que hacerse con las comunidades que están hartas de esta guerra. A veces se cree que las comunidades quieren vivir de las economías ilegales, y no es cierto. Para ello, el Estado debe garantizar la transformación de los territorios construyendo carreteras para que la economía legal fluya, ya que hoy fluye más la ilegal.

¿Qué impactos han tenido en Nariño las negociaciones y acuerdos de paz?

Estamos plantando 20.000 hectáreas de cultivos lícitos que sustituyen a la cocaína. Esto ha reducido los impactos del conflicto: en 2023 hubo 524 asesinatos y bajamos a 122 en 2024. El confinamiento y el desplazamiento también se han reducido en más de un 99%, mismo porcentaje en el que han caído los accidentes de minas antipersonas. En 2023 asesinaron a 21 líderes sociales y en 2024, solo a dos. De 2023 a 2024, sacamos a 58 niños de la guerra que habían sido reclutados.

¿Qué riesgos tiene el proceso de «paz total»?

Los riesgos están en la seguridad jurídica para que quienes hoy están negociando tengan la seguridad que van a negociar en condiciones que les permita el tránsito de la vida armada a la vida civil. Los negociadores de los Comuneros del Sur y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han tenido dificultades para seguir negociando fuera de esos territorios con el Gobierno nacional, toda vez que el pasado 12 de febrero uno de los negociadores de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Giovanny Andrés Rojas, fue capturado en Bogotá cuando estaba en la mesa de negociación en virtud de una circular roja de la Interpol.

¿Qué tipo de transformación territorial piden al Gobierno?

En el 65% del territorio de Nariño donde no hay carreteras es donde estos grupos armados se mueven, y la cocaína y las economías ilegales prosperan porque no hay presencia ni de escuelas ni de salud ni de fibra óptica. Le hemos dicho al Gobierno que es necesario firmar un pacto para realizar inversiones en materia de transformaciones territoriales. Estamos a la espera de que Petro firme porque la paz de Colombia se juega en la experiencia modelo de Nariño.

¿Colombia sigue en guerra?

Sigue en guerra residual y fragmentada porque es diferente en cada una de las regiones. Solamente es posible resolverla si el Estado entiende que debe hacer transformaciones territoriales para que las aspiraciones de los actores armados nunca encuentren base social.

Para ello, debe transformar las economías ilegales de la coca y del oro en las zonas fronterizas, como la nuestra, que alimentan la codicia y a quienes lideran esta guerra. Una hectárea de cacao puede rentar mucho más que una hectárea de coca, pero se requiere avanzar a un proceso de agro industrialización que ahora mismo no hay.