El principal inversor de la mina Muga, China Minmetals Corporation (CMC), y su subsidiaria Qinqhai Salt Lake Industry (QSL), se retiran del proyecto, según ha comunicado el promotor del mismo, Highfield Resources. De ese modo, desparece una financiación de 270 millones de euros para la mina ubicada en la muga entre Nafarroa y Aragón, entre Zangoza y Undués de Lerda.

Pese a que Highfield Resources, en su comunicación, señala que mantiene conversaciones con otros inversores en busca de nuevas fuentes de financiación, la retirada de la empresa china puede ser la puntilla al proyecto de la controvertida mina, que ha provocado una ola opositora basada en motivos ambientales.

Dimisión y sentencia del TSJN

No en vano, la falta de financiación fue la razón esgrimida para justificar en mayo la dimisión de Ignacio Salazar como consejero delegado de Geoalcali, la empresa con la que Highfield actúa en Nafarroa. La retirada china dificulta aún más lograr la financiación necesaria.

Uno de los motivos de las dificultades financieras del proyecto mina Muga es que el TSJN anuló en octubre pasado uno de los permisos de explotación destacando que la declaración de impacto ambiental no valoraba todos los riegos existentes, aceptando el recurso presentado por Sustrai y Ecologistas en Acción con el apoyo de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d'Onsella y Erreniega.

Esa sentencia fue utilizada por Geoalcali para presentar un ERTE para sus 30 trabajadores.

Desde entonces, Geoalcali y Highfield han tratado de levantar el vuelo, pero el proyecto se ha sumido en una incertidumbre cada vez mayor.

Informe de la UCO

A ello, ha contribuido que el informe de la UCO sobre Koldo García y Santos Cerdán cita a Geoalcali como una de las empresas que supuestamente habían sido beneficiadas en la presunta red de tráfico de influencias que montaron.

Los colectivos que se oponen a la mina Muga han reclamado a la comisión de investigación del Parlamento navarro que analice también este proyecto, que ha quedado también fuera de la fiscalización sobre adjudicaciones que ha puesto en marcha el Gobierno navarro.

Apoyo político al proyecto

El Gobierno de María Chivite ha otorgado un importante apoyo político a la controvertida mina y la propia lehendakari ha acudido en varias ocasiones a actos organizados por Geoalcali. Los 800 puestos de trabajo que supuestamente crearía y su «apuesta medioambiental» eran las bases con las que se justificaba el apoyo de este proyecto por parte del Gobierno navarro.

Los opositores a la mina han denunciado también en repetidas ocasiones que la promotora ha entregado dinero para actuaciones municipales a varios ayuntamientos de la zona, afectada por la despoblación tanto en Nafarroa como en Aragón, para garantizarse su apoyo.

UPN pide explicaciones a Chivite y Aagsen

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha lamentado que «no se vaya a materializar la inversión del grupo chino en Muga», calificando la noticia de «nuevo jarro de agua fría para Navarra».

Ibarrola ha cuestionado el papel que han jugado los gobiernos navarro y español, a quienes acusa de no haber colaborado suficientemente para desbloquear el proyecto tras la sentencia del TSJN.

Asimismo, Ibarrola recuerda que Santos Cerdán participó en la reunión que Chivite mantuvo con la ministra Sara Aagsen y que la mina Muga aparece en el informe de la UCO.

UPN pedirá las comparecencias de Chivite en el Parlamento navarro y de Aagsen en el Congreso español.