Después de que el Gobierno navarro llegara incluso a amenazar con acciones legales por un eventual delito de odio, el alcalde de Valtierra (UPN) ha pedido «disculpas a quien se haya sentido ofendido» tras llamar «señoritos» a los menores no acompañados, asegurar que «los migrantes nos cuestan un pastizal» y realizar manifestaciones despectivas hacia los vecinos del pueblo venidos de otras partes. 

En declaraciones a 'Diario de Navarra' ha confesado que en el pueblo «no hay ningún mena», pero mantiene que la localidad sufre «numerosos problemas con la inmigración». 

Más allá de esa genérica petición de disculpas y de decir que no tiene nada contra los migrantes «que vengan a trabajar», Resa no abandona sus mensajes xenófobos e insiste en que «esta gente no respeta nada y solo tiene derechos, derechos y más derechos, y ninguna obligación». 

Según datos de la Dirección General de Políticas Migratorias de Nafarroa, Valtierra cuenta con un 15% de personas migrantes, a los que habría que sumar el colectivo originario de terceros países que ha adquirido la nacionalidad. 

Resa, además, no rectifica en lo fundamental: las ayudas a la natalidad que ha diseñado dejando fuera a la población migrante que, con datos de 2023, aportó el 60% de los nacimientos (14 de 23).

El consistorio, con mayoría absoluta de UPN, exige que para percibir una ayuda de 3.000 euros es necesario demostrar un empadronamiento de veinte años en la localidad, algo que el Consejo de Navarra sostiene que tiene un difícil anclaje legal por vulnerar la normativa navarra, la Carta de Europea de Derechos Fundamentales y los principios que inspira la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Resa justificó esta exclusión con las siguientes palabras: «Tenemos destinar el dinero a gente con raíces de aquí, porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal, como los menas esos».

El alcalde asegura que UPN –que ha sido interpelado por el Gobierno y otros partidos para que se pronuncie, sin lograrlo– no le ha obligado a rectificar.

«Sé lo que tengo que decir y tengo suficiente autonomía como para que, a mis años, vengan a darme consejos o decirme lo que tengo que decir. He recapacitado y, por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido», manifiesta en el citado periódico.

Sobre las ayudas discriminatorias, Resa insiste en que no van a cambiarse, pero comenta que «si por fuerza mayor una persona no puede cumplir con los años de empadronamiento exigidos, y siempre que lo justifique, no se le negará la ayuda, pues se entenderá que no está obrando con la picardía que queremos perseguir».