La Audiencia Nacional ha fijado para el 6 de abril de 2026 el arranque del juicio que sentará en el banquillo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel.

Fernández Díaz y su entonces número dos, Francisco Martínez, se enfrentan a una petición de quince años de cárcel por esta supuesta operación parapolicial, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Mariano Rajoy.

En una providencia y a causa de necesidades del servicio, la Audiencia Nacional cambia las fechas del juicio, previsto inicialmente para mayo y junio, y lo adelanta al 6 de abril de 2026, con la previsión de que se extienda hasta el 28 de mayo, último día señalado para esta vista oral.

Junto al exministro y al ex secretario de Estado de Seguridad, se sentarán también en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino; varios comisarios como José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha; o el chófer de Bárcenas, quien habría sido captado como confidente.

Se juzgará si intervinieron en una supuesta operación parapolicial para seguir a Bárcenas y a su familia y conseguir documentos del caso Gürtel que pudiesen comprometer al PP o a sus dirigentes, y para la que se habrían destinado fondos reservados.

La Fiscalía sostiene que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, recibió unos 54.000 euros con cargo a los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía (algo que finalmente «se materializó»), a cambio de informar «de forma exhaustiva e individualizada» a los acusados de los movimientos de la familia Bárcenas y facilitarles documentos.

Esta investigación se dirigió durante unos meses contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, si bien el juez acabó sacándoles del caso, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que hubiera una trama política más allá del ministerio.

Esta vista puede tener un impacto importante en la situación política estatal, en un contexto en que el PSOE aparece bajo la lupa por el ‘caso Koldo’, cuya instrucción acaba de comenzar y que no se juzgará probablemente en varios años.