En línea con las declaraciones realizadas ayer por consejeros y el propio PSN, la lehendakari de Nafarroa ha insistido en que lo que aparece recogido en los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción son «errores administrativos», que «no son delitos», y que «no hay corrupción».

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha indicado que estos informes sobre las adjudicaciones de Belate, dos promociones de VPO y el colegio público de Arbizu, los solicitó el propio Gobierno de Nafarroa a la citada oficina con «ese compromiso de esa transparencia reforzada que queríamos».

De un «primer análisis», ha dicho, «conocimos tres cuestiones importantes: que no hay corrupción, que no ha habido daño patrimonial para la Hacienda navarra y para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses». «Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas», ha expuesto.

En este sentido, Chivite ha comentado que «quiere decir que hay errores en la gestión o amplio margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos de las obras que se han auditado». «Esos errores administrativos, esas mejoras en la gestión, en muchos casos ya fueron apuntados por el informe de la Cámara de Comptos y el propio departamento de Cohesión Territorial ya lo ha incorporado a su manera de hacer y gestionar», ha comentado, para incidir en «el compromiso del Gobierno de Navarra con esa recomendación que también se hace de modificación de la ley de Contratos Públicos de cara a disminuir los criterios de discrecionalidad y vacíos legales que en estos momentos pudiera haber».

«Una irregularidad no es una ilegalidad»

La lehendakari ha manifestado que «una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos, mordidas». El informe ayer conocido, ha expuesto, «apunta a irregularidades administrativas y son errores en la gestión». «Sabíamos que en esos informes, en esas auditorías, era probable que salieran estas cosas, porque siempre la gestión administrativa puede ser mejorable y aquí hay amplio margen de mejora», ha dicho, para agradecer a la Oficina Anticorrupción que haya sido tan rápida en elaborar los informes, porque «era para llevarlos a la comisión de investigación» del Parlamento.

Chivite ha señalado, no obstante, que «no ha habido periodo de alegaciones, que debiera haber habido». «Pero ya hemos comunicado a la OANA que presentaremos alegaciones», ha expuesto.

La jefa del Ejecutivo ha opinado que «criterios jurídicos hay varios y en este caso, los criterios jurídicos del propio Gobierno y de la Cámara de Comptos son coincidentes». «Respetar, pero presentaremos alegaciones al informe», ha reiterado.

Sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, ha señalado que la Oficina Anticorrupción en ese informe «hace alusión al informe de la Cámara de Comptos, pero concluye una cuestión muy diferente de la que concluye Comptos». «Nuestros informes jurídicos no acreditan eso, tampoco lo acredita la Cámara de Comptos, pero sí lo dice el informe de la OANA», ha indicado.

Vacíos legales ya incorporados a la ley

«Los errores son para apuntar y para mejorar, y el propio departamento de Cohesión Territorial en esos errores administrativos, que también los detectó la Cámara de Comptos, ya tomó cuenta de ellos, que tienen más que ver con vacíos legales, no contemplados en la propia norma, por lo tanto, los hemos incorporado y el compromiso del Gobierno de modificar la ley de Contratos», ha comentado.

Sobre si mantiene la confianza en los consejeros Óscar Chivite y José Mari Aierdi, ha indicado que «estamos estudiando más en detalle» los informes y «lo que tiene que ver con Belate se circunscribe a trámites administrativos que llevó a cabo la Mesa de Contratación como organismo autónomo, que es la que hizo esta licitación».

Y en cuanto a que el PP pudiera enviar los informes de la Oficina Anticorrupción ante la Fiscalía, la lehendakari ha señalado que «hagan lo que estimen oportuno». «Yo ahí no me voy a meter, errores administrativos no son delitos», ha concluido.

UPN adjuntará los informes a su denuncia

Además de Chivite, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, también ha salido a la palestra para anunciar que su formación adjuntará los informes de la Oficina Anticorrupción a la denuncia que ya presentó ante la Guardia Civil por la adjudicación de los túneles de Belate.

En concreto, ha detallado la líder regionalista en un comunicado, enviarán el informe referido precisamente a dicha adjudicación, así como los relativos a las adjudicaciones de VPO por parte de Nasuvinsa, al haber sido las tres consideradas nulas de pleno derecho.

Ibarrola se ha mostrado sorprendida porque todavía no haya una sola dimisión. «Con todo lo que ya sabemos, es imposible calificar este gobierno de honesto. Un gobierno que sí lo es asume responsabilidades desde el principio, pero aquí no ha dimitido nadie y no se ha depurado una sola responsabilidad», ha lamentado. «Están tan acorralados que no les queda otra que mentir», ha continuado Ibarrola.

En ese sentido, ha recordado que este lunes «comparecieron sucesivamente tres consejeros del Gobierno para criticar unos informes que ellos mismos encargaron a una oficina que ellos mismos crearon, y lo único que consiguieron transmitir fue incoherencias, evasivas, versiones contradictorias o afirmaciones sorprendentes como que el presidente de la mesa de la adjudicación de Belate ya había decidido su puntuación con anterioridad a recibir las demás, algo que no coincide con lo que se había dicho hasta ahora y que tendrán que demostrar».

Críticas a la auditoría externa

Ibarrola ha cuestionado también la auditoría externa que ha encargado el Gobierno de Nafarroa. «Los navarros no tenemos por qué malgastar el dinero en unos informes ad hoc para que digan lo que María Chivite quiere que digan después de estos demoledores informes conocidos ayer. Tenemos investigando a la Guardia Civil, a la Justicia, tenemos informes de Anticorrupción».

«¿Por qué tenemos que encargar uno de parte con el dinero de todos?», se ha cuestionado la presidenta de UPN, que ha respondido «que no sigan derrochando el dinero de los navarros. Si quieren, que lo pague el PSN, pero no todos los navarros».

Ha anunciado también que su partido pedirá la comparecencia urgente de Chivite en el Parlamento de Nafarroa. «Ya que no va a comparecer en la comisión de investigación, a pesar de sus numerosas declaraciones presumiendo de transparencia y afán de colaboración con el Parlamento, suponemos que no tendrá ningún problema en venir y dar unas explicaciones que los navarros llevamos tiempo demandando».

«La realidad es que Santos Cerdán sigue en la cárcel y el Gobierno de Chivite le ha adjudicado una obra de 76 millones a una empresa suya en un procedimiento nulo de pleno derecho según Anticorrupción. ¿Qué más hace falta para que Chivite se vaya a su casa?», ha concluido Ibarrola.

ELA pide que se investigue

El sindicato ELA, por su parte, ha pedido «una investigación exhaustiva que permita depurar todas las responsabilidades e implicaciones, incluidas las que puedan alcanzar al Gobierno de Navarra».

ELA exige «investigar en profundidad la presunta implicación de Acciona y de otras empresas y empresarios, para esclarecer si favorecieron estas irregularidades».

Junto a ello, ELA reclama revisar los sistemas de contratación pública, «diseñados en la práctica para el beneficio privado», para evitar que se repitan situaciones similares. «Resulta fundamental establecer mecanismos que impidan a empresas y empresarios implicados en casos de corrupción volver a concurrir en cualquier concurso público», ha añadido.