Las adjudicaciones bajo sospecha por su relación con Acciona y Servinabar que el Gobierno de Nafarroa analizará serán cinco, según ha señalado la lehendakari María Chivite a los medios.

El informe de la UCO «no apunta indicios de ilegalidad, pero en nuestra labor para asegurar un ejercicio de transparencia al conjunto de la ciudadanía navarra nosotros hemos decidido tomar estos pasos», ha declarado.

Las adjudicaciones que se analizarán serán la adecuación de las oficinas del Navarra Arena, la remodelación que ocupó el Archivo de Nafarroa en el Palacio de Nafarroa, dos adjudicaciones de viviendas de protección oficial y las obras de los túneles de Belate. Se quedaría fuera, por tanto, las relacionadas con el frustrado proyecto de la mina Muga en el entorno de Zangoza, considerada por la UCO como el germen de toda la trama.

En la comparecencia que realizó el jueves Chivite tras conocerse el informe de la UCO, señaló que se auditarían las adjudicaciones puestas bajo sospecha por tres vías. Una de ellas es la Cámara de Comptos. Las otras dos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Gobierno navarro y un órgano externo. El jueves estimó que las adjudicaciones que habría que analizar serían «una decena». Este lunes, la cifra ha bajado a cinco.

Encargo a Comptos, en marcha

Chivite había dirigido una misiva al presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, en la que solicitaba que inste a la Cámara de Comptos a realizar un informe sobre las adjudicaciones «a pesar de no tener constancia de que se haya cometido ilegalidad alguna en la Comunidad Foral».

En la carta, Chivite recuerda que corresponde al Parlamento requerir a la Cámara de Comptos que realice estos informes para cumplir su función fiscalizadora.

Esta solicitud ha sido aprobada por la Mesa y Junta de Portavoces y afectará a las cinco obras citadas por la lehendakari.

Sin debate sobre la comisión de investigación hasta septiembre

Por otro lado, el Parlamento navarro no debatirá hasta septiembre sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de obras bajo sospecha, como la de los túneles de Belate, que han salido a la luz tras la publicación del informe de la UCO.

UPN fue el primer partido que reclamó la pasada semana que se constituyera una comisión de investigación. Su presidenta, Cristina Ibarrola, pidió también que se habilitaran los meses de julio y agosto en el Parlamento para que esta comisión trabajase incluso en verano. Posteriormente, PP y Vox registraron conjuntamente otra petición de comisión de investigación.

Si se hubiera forzado la máquina, la demanda de la creación de la comisión de investigación habría podido debatirse en el Pleno del 26 de junio, el último de este periodo de sesiones.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha comunicado a los medios que la Mesa y Junta de Portavoces había fijado para septiembre el debate sobre la creación de la comisión de investigación.

Por otro lado, la Mesa y Junta ha rechazado una propuesta de declaración de UPN en apoyo a la UCO. La iniciativa ha contado con la abstención de PSN y Contigo-Zurekin, el rechazo de EH Bildu y Geroa Bai y el apoyo de UPN, PP y Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha opinado que «el Gobierno de Chivite está bajo sospecha y retrasar todo hasta septiembre lo que hace es contribuir a generar más dudas».

Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha indicado que «no hay ningún problema en que sea tramitada» la comisión de investigación. «La hemos tramitado, la hemos calendarizado para el primer pleno del mes de septiembre y entendemos que será en ese momento cuando tengamos más datos y mejores condiciones para aprobar o modificar y ampliar esa comisión de investigación que se pide».

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha opinado que «abordar ahora un debate de estas características en el Parlamento nos parece totalmente precipitado», ya que «es un tema que está muy vivo». «En defensa de la transparencia y de investigar todo hasta el final, hay que actuar con rigor y no de forma precipitada. No compartimos las ansiedades de la derecha y en el próximo periodo de sesiones quizás estamos abiertas a plantear una comisión de investigación, quizás con un objeto más amplio que hablar única y exclusivamente de Belate», ha señalado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha mostrado su posición favorable a tramitar la comisión de investigación en el Parlamento y ha defendido que «las medidas que están tomando, ya anunciadas, por parte del Gobierno y por parte de este Parlamento, nos van a llevar a tener más información».

Por Contigo-Zurekin, Daniel López ha opinado que, tras el informe de la UCO, «las medidas que el Gobierno ha adoptado en el ámbito de sus responsabilidades son adecuadas». Al margen de esas medidas, ha emplazado al resto de fuerzas progresistas a impulsar una comisión de investigación sobre los contratos realizados con aquellas empresas que vienen implicadas en el informe de la UCO».

El portavoz del PP, Javier García, ha defendido que se hubiera habilitado julio y agosto para la comisión de investigación para «buscar información, pedir información, analizar...».

Delegada del Gobierno español: «Dejar trabajar a la Justicia»

Por su parte, la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Alicia Echeverría, ha instado a dejar trabajar a la Justicia en relación con las investigaciones que lleva a cabo la UCO y ha subrayado su apoyo a la labor del Ejecutivo y a los pasos dados por su partido que considera que ha reaccionado «con rapidez y, sobre todo, con contundencia».

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por los informes de la UCO en los que aparece el socialista Santos Cerdán, lo que, ha reconocido, les ha dejado «en shock».

Tras precisar que la UCO no es una unidad que depende de la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, ni siquiera de la Comandancia de la Guardia Civil, y que por tanto no puede decir nada respecto a las investigaciones en curso, ha abogado por dejar trabajar a la justicia.

En alusión a las palabras de Chivite, ha sostenido: «No reconocemos en el informe al compañero que hasta ahora habíamos conocido, pero hay que dejar trabajar a la justicia y hay que dejar también que él ejerza su derecho a la defensa».