El sindicato LAB ha anunciado que en las últimas semanas ha conseguido frenar dos intentos de privatización en Osakidetza. «En los últimos años, hemos logrado que 303 millones de euros no pasen a manos privadas, defendiendo lo que es público para todas y todos».

Web de Osakidetza

Según relata LAB, el primer intento de privatización corresponde a la contratación de los servicios de soporte y mantenimiento de los recursos corporativos de comunicación, colaboración, formación y componentes web de Osakidetza, con un valor de 1,19 millones de euros.

«Osakidetza sigue instalada en un caos informático que se prolonga en el tiempo: las listas de contratación están llenas de errores, las actualizaciones no se realizan adecuadamente y tanto las listas de los procesos de estabilización como las de OPE ordinarias son incorrectas. Como consecuencia, algunas plazas se adjudican de forma errónea y los concursos de traslados acumulan años de retraso. Todo ello lo justifica la dirección con la excusa de ser ‘problemas informáticos’», señala el sindicato.

«Para LAB, esta situación es consecuencia directa de la impunidad con la que actúan las empresas externas en Osakidetza. Hemos preguntado una y otra vez en las mesas sectoriales qué medidas se han adoptado para corregir los graves errores cometidos reiteradamente por estas empresas informáticas, pero la dirección no ha dado respuesta», denuncia.

Mantenimiento de instalaciones térmicas

El segundo intento se refiere al mantenimiento de las instalaciones térmicas de Debagoiena, con un valor estimado de 392.000 euros.

«Osakidetza continúa protegiendo a determinadas empresas alegando que son las únicas capacitadas para realizar el mantenimiento de las instalaciones térmicas de sus edificios. Sin embargo, estos trabajos pueden realizarse directamente con personal propio de Osakidetza, y de hecho ya se realizan en muchos casos: nuestras trabajadoras y trabajadores llevan a cabo tareas como el cambio de filtros, mientras que las empresas las facturan al estar incluidas en los pliegos», señala LAB, que atribuye esta postura al «interés político y económico en mantener a esas empresas mediante la subcontratación», lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.