El Parlamento de Gasteiz tramitará dos proposiciones de ley de modificación de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, que pretenden dotar de seguridad jurídica a la exigencia conocimiento del euskara. Tendrá que acordar una fórmula para ello. Ante las constantes sentencias que anulaban decisiones institucionales, EH Bildu registró su propuesta el 10 de junio. Entre tanto, el PNV seguía intentando llegar a un acuerdo con el PSE sobre la materia, que no alcanzó. Así que los jeltzales registraron su propio texto en solitario el 20 de junio en un movimiento insólito que rompía la habitual unidad de acción de los socios del pacto de Gobierno.

Como es preceptivo, las dos proposiciones de ley fueron enviadas al Ejecutivo de Lakua para que expresara su criterio sobre si debían tramitarse o no en el Parlamento. El Consejo de Gobierno se pronunció en contra de la propuesta de EH Bildu y a favor de la del PNV, aunque con el único apoyo de los consejeros y consejeras jeltzales y la abstención de los del PSE.

Con esos antecedentes se llegó a esta semana en la que el Pleno debía pronunciarse no sobre el fondo de las proposiciones de ley, sino sobre si se admitían a trámite para su debate en los próximos meses. Dado lo singular de que se trataran y votaran por separado y si hubiera primado el partidismo, podía ocurrir que no saliera adelante ninguna de las dos iniciativas. Más aún cuando el secretario general del PSE, Eneko Andueza, anunció el martes que sus parlamentarios votarían en contra de las dos.

Pero hubo movimientos y al pleno de este jueves se ha llegado ya con la garantía de que ambas iniciativas serían tramitadas. La primera en debatirse ha sido la proposición de ley del PNV y qué iba a ocurrir se ha sabido de inmediato cuando Pello Otxandiano, ha pedido hablar en el turno a favor. Después, ante la iniciativa de EH Bildu, los jeltzales se han abstenido, por lo que ha tenido más votos a favor que en contra.

En este pleno tanto PNV como PSE no solo han votado de forma divergente, sino que también se han alejado en algún momento del criterio fijado por el Gobierno, lo que no suele ocurrir. El Ejecutivo había dado el visto bueno a la propuesta jeltzale, aunque fuera con la abstención de los consejeros PSE, pero los parlamentarios han votado en contra. Pero el criterio había sido no solo contrario sino muy crítico con la proposición de ley de EH Bildu, pero el PNV se ha abstenido, según Markel Olano, para favorecer el debate, lo que no ocurrió, por ejemplo, con la ILP de los pensionistas.

En cuanto al voto a favor de EH Bildu para la tramitación de la proposición de ley del PNV se ha debido también a la voluntad de posibilitar su tramitación y facilitar el debate, porque aunque ve positivo que los jeltzales dieran el paso de registrar una propuesta, consideran que no garantiza la seguridad jurídica para el euskara en el empleo público.

Dos proposiciones diferentes

Aunque tanto PNV como EH Bildu pretenden responder a la ofensiva judicial contra el euskara y dar seguridad a su exigencia para el empleo público, lo hacen por vías diferentes. Los jeltzales creen que los tribunales se están agarrando a la existencia de un índice de obligado cumplimiento de forma general, mientras que propone que en adelante sea cada institución quien fije ese índice para su plantilla. Markel Olano ha recordado que el euskara es una lengua minorizada y que ha llegado a esta situación por la represión sufrida históricamente y, por ello, ha defendido que, como en otras materias, es necesaria una especie de «discriminación positiva».

El PSE cree que esto traerá más problemas y más recursos, y asegura que ha presentado alternativas que el PNV no quiso admitir, porque se dejaron llevar por las prisas al ver que EH Bildu ya había registrado una propuesta. Sumar tampoco está de acuerdo con la iniciativa jeltzale, pero se ha abstenido en la votación. Vox se ha enorgullecido de haber sido el autor de algunos de los recursos y de que los tribunales les haya dado la razón. El PP ha aludido a las «obsesiones nacionalistas» y ha respondido al lehendakari que «Euskadi euskaldun, baina baita ere erdaldun».

La propuesta de EH Bildu, que ha sido defendida por Josu Aztiria, pretender responder a la «desoficialización» del euskara que se está produciendo de facto con las 100 sentencias en los dos últimos años y las 50 en apenas nueve meses que se han dictado en distintos aspectos relacionados con el euskara. Ha defendido que la iniciativa cuenta con informes jurídicos que consideran sólidos y se basa en que para entrar a trabajar en la administración se tengan que conocer los dos idiomas oficiales, aunque admite cierta gradualidad y la introducción de factores correctores. Tanto Aztiria como Pello Otxandiano en su intervención en el primer punto, destacaron que lo que presentan es lo que se aplica en Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, y también en cierta medida en Catalunya, Baleares y en Valencia, donde han recibido el apoyo del Tribunal Constitucional y sentencias europeas. PSE y PP han respondido que la situación lingüísitica en esas comunidades es muy distinta a la de la CAV.

Búsqueda de acuerdos amplios

Pau Blasi, del PSE, ha reconocido el trabajo realizado por EH Bildu porque «esto sí es una proposición de ley», aunque no la compartan y votarán en contra. Tampoco a Sumar le gusta. Pero tanto Otxandiano como Aztiria han incidido que su formación está dispuesta al acuerdo con PNV, PSE y Sumar para buscar puntos de encuentro entre tradiciones políticas diferentes. Blasi ha dejado una puerta abierta para ello, asegurando que el PSE siempre ha estado en todos los grandes pactos sobre el euskara y volverá a estarlo.

En todo caso, Pello Otxandiano ha insistido en que esto no es un debate entre euskaldunes y no euskaldunes o entre abertzales y no abertzales, sino entre demócratas y quienes no están de acuerdo en que todas las personas tengan todos los derechos.

Con las dos proposiciones de ley admitidas a trámite, ahora el Parlamento tendrá que decidir cómo ordena el debate, la presentación de enmiendas y otros pasos burocráticos.

En el exterior de la Cámara se han concentrado sindicalistas de ELA y de LAB en defensa de garantizar el uso del euskara en la Administración y pidiendo que la ley se haga sobre la base de la propuesta de EH Bildu.