El Jurat Economico administraiu de València (TEAV) ha fallado a favor de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), entidad sin ánimo de lucro operadora del buque de ayuda humanitaria Aita Mari, y ha declarado ilegales y nulas las liquidaciones de tasas portuarias giradas por la Dirección de Puertos de la Generalitat por un importe total de 80.000 euros. Primero fueron 63.000, y luego se le reclamaron otros 13.000.

En un comunicado, SMH ha explicado que las liquidaciones, emitidas entre julio y agosto de 2024 por el Govern de Mazón, correspondían a las estancias del buque Aita Mari en los puertos de Burriana y Vinaròs durante los últimos tres años.

Ha recordado que desde 2016 la Generalitat no había girado dichas liquidaciones debido a que la propia ley establece específicamente la exención de tasas para los buques de entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario.

Y ha denunciado que el cobro de las tasas «se enmarca en un intento de criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria, siguiendo el dictado del discurso abiertamente xenófobo y racista de la extrema derecha». 

«El actual Gobierno de Mazón, siguiendo los acuerdos con Vox que buscan ‘expulsar’ a las ONG de rescate del País Valencià, intentó aplicar un criterio retroactivo ilegal, reinterpretando de manera contraria a la ley la normativa aplicable durante los últimos tres años para forzar el pago de las tasas», ha añadido, incidiendo en que el TEAV «ha reconocido finalmente la ilegalidad de las liquidaciones».

Respuesta a los intentos de lawfare

SMH ha lamentado «profundamente que se dé por normal el discurso escandalosamente contrario a los derechos humanos, irracional y populista liderado por la extrema derecha y seguido de cerca por el PP. Este discurso busca despojar de humanidad a las personas con culturas y religiones diferentes, poniendo en riesgo los valores fundamentales de la sociedad valenciana».

Ante esta situación, SMH ha remarcado que «como entidad defensora de los Derechos Humanos», se mantendrá «siempre firme frente a los ataques directos y los intentos de lawfare y criminalización de su actividad. Una actividad que es totalmente legítima y hoy más necesaria que nunca en un contexto de profunda crisis humanitaria».

«A pesar de los ataques, Salvamento Marítimo Humanitario reafirma su compromiso. Es por ello que mantendremos nuestra actividad en los puertos del País Valencià, con la mayor visibilidad posible e intensificando nuestra labor de sensibilización y educación para la transformación social. El objetivo es claro: preservar los valores de solidaridad y hermandad que distinguen a nuestra sociedad y contrarrestar el discurso de odio con la práctica de los DDHH», ha sentenciado.