Lengua propia más oficialidad se traducen en usos administrativos por defecto, derechos garantizados y capacitación obligatoria del personal. Ese triángulo —derechos, usos, capacitación— sigue siendo la clave de bóveda del régimen catalán. Así lo expuso Eva Pons en las jornadas del Laboratorio Telesforo Monzon que se celebraron en septiembre en Bilbo. Ella es profesora de la Universidad de Barcelona, doctora en Derecho y referente en la investigación sobre el tratamiento jurídico que reciben las lenguas minorizadas.

Dijo que Catalunya sostiene, desde los años 1980 y 1990, un modelo estable: «Capacitación lingüística general y ajustada al puesto como piedra angular para asegurar los derechos de opción de la ciudadanía y el uso normal del catalán en la Administración. El andamiaje constitucional lo ampara, y la normativa reciente actualiza instrumentos».

Capacitación como garantía efectiva

Remarcó que la promoción del catalán se ve acreditada por datos de uso en la interacción ciudadanía–Administración: «Allí donde hay personal capacitado, el uso social del catalán crece». El anteproyecto de ocupación pública y el contexto demográfico recomiendan mantener el principio de capacitación como garantía efectiva de derechos.

El Estatut parte del catalán como lengua propia, de uso normal y por defecto en las administraciones catalanas. Junto a ello, la oficialidad de catalán y castellano comporta derechos ciudadanos (usar cualquiera de las dos lenguas) y el correlativo deber de la Administración de adaptarse al bilingüismo. Pons apuntó que es clave que, aunque no existe un deber general de conocimiento del catalán equiparable al del castellano, el Tribunal Constitucional sí avala un deber individual en la función pública de asegurar el derecho de opción lingüística. De ahí se deriva la exigencia de capacitación.

La legislación catalana se apoya en tres asunciones: si la Administración no usa la lengua, los derechos quedan vacíos; conocer la lengua es condición para hacer efectivos los derechos; y la oficialidad articula derechos, usos y capacitación. La idea de lengua propia decanta el uso prioritario por defecto del catalán y fundamenta las políticas de promoción.

Pons: «La promoción del catalán se ve acreditada por datos de uso en la interacción ciudadanía–Administración: Allí donde hay personal capacitado, el uso social del catalán crece»

La doctora explicó que el marco es exhaustivo y garantista con los derechos de la ciudadanía y el uso del catalán. En usos internos e interadministrativos rige el deber general de utilizar el catalán, sin perjuicio del uso normal del castellano. Competencialmente, la Generalitat tiene la normalización de la lengua propia y la función pública sobre todas las administraciones catalanas, que ya fija el principio de capacitación lingüística.

El principio general es que para ocupar una plaza (funcionarial o laboral) hay que acreditar un nivel adecuado de catalán (expresión oral y escrita), ajustado a las funciones del puesto. En los tribunales de selección debe haber un técnico o una técnia de normalización lingüística. También en concursos y movilidad se exige acreditar conocimiento. En Administración local, se aplica la misma lógica y la vulneración de los derechos lingüísticos puede constituir falta grave.

Momento complejo en Galicia

Alba Nogueira también es doctora en Derecho y experta en el ámbito de las lenguas minorizadas. Ella vino de Galicia, donde el PP gobierna de manera continuada desde 2009.

«Nos encontramos en un momento complejo –admitió Nogueira–. La política lingüística es débil y no afronta el grave retroceso en la transmisión social del gallego. Sin embargo, la jurisprudencia sigue respaldando la exigencia de la lengua propia en el empleo público». Defendió que la clave está en «mantener normas claras, motivadas y sustentadas en datos, para garantizar los derechos de la ciudadanía y fortalecer el uso del gallego en la Administración».

Retroceso en la protección

En términos generales, el contexto actual en el Estado español es de retroceso en la protección jurídica de las lenguas propias. En los primeros años 80 hubo un impulso normativo en los territorios con lengua propia, pero también una beligerancia judicial, sobre todo del Supremo, que generó conflictos sobre si la lengua podía ser requisito o mérito en el empleo público.

La sentencia clave del Constitucional de 1991 puso orden: avaló que se exigiera conocimiento de la lengua propia a las empleadas y empleados públicos, entendiendo que los derechos no son de estos, sino de la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos diez años ha habido nuevas resoluciones, sobre todo del Supremo, que se apartan de ese marco. Ejemplos claros se encuentran en Euskal Herria y en Catalunya, con «la imposición de porcentajes obligatorios de enseñanza en castellano».

Nogueira: «La trayectoria de más de 30 años en Galicia y Catalunya demuestra que el modelo de exigir la lengua propia en el acceso es sólido y difícil de revertir» 

En Galicia, la situación presenta rasgos propios. En la práctica, el uso escrito de la Administración es mayoritariamente en galego, mientras que la atención oral depende mucho de la voluntad del empleado público, al no existir directrices claras. El modelo de acceso al empleo público exige el galego de forma generalizada, con excepciones en la universidad.

Durante el gobierno bipartito (PSOE-BNG) se dio un paso adelante: se modificó la Ley de Función Pública para que parte de las pruebas de oposición se realizaran en galego, adaptando el nivel lingüístico a las funciones específicas del puesto. La idea era garantizar no solo conocimientos generales, sino competencia técnica en galego. Esta reforma fue uno de los principales objetivos de crítica del PP en campaña electoral. Tras la victoria de Feijóo, su primer proyecto legislativo fue revertir esta medida: volvió al sistema anterior de certificados o pruebas generales y lo justificó en nombre de la «igualdad de opositores» y la «libertad lingüística».

Desde entonces, las políticas lingüísticas de la Xunta bajo gobiernos del PP se caracterizan por la baja intensidad o la inacción. En paralelo, la transmisión intergeneracional del galego ha caído de forma alarmante: por primera vez, el Instituto Galego de Estatística constató que hay más hablantes habituales de castellano que de gallego en Galicia.

Perspectiva de futuro

A pesar de esta política de mínimos, la obligatoriedad de acreditar galego en el acceso al empleo público no se ha cuestionado con fuerza en los tribunales. Al contrario, sentencias del TSJ de Galicia y del Supremo en 2023 y 2025 han rechazado demandas de empleadas y empleados públicos que pedían comunicaciones en castellano. Las y los jueces insisten en que, al haber acreditado galego en el acceso, no cabe alegar indefensión. Estas resoluciones consolidan la idea de que los derechos lingüísticos son de la ciudadanía.

«En la práctica, el uso escrito de la Administración es mayoritariamente en galego, mientras que la atención oral depende mucho de la voluntad del empleado público, al no existir directrices claras».

Ante este escenario, la doctora destacó tres argumentos. «Primero, la trayectoria de más de 30 años en Galicia y Catalunya demuestra que el modelo de exigir la lengua propia en el acceso es sólido y difícil de revertir. Segundo, este modelo evita el problema de adivinar la preferencia del ciudadano: el funcionario debe estar capacitado para usar ambas lenguas y atender en la que se le solicite. Tercero, en este contexto de impugnaciones y conflictos judiciales, se impone ser muy cuidadosos en la redacción normativa».

Bi bide daude: eredua malgutzen jarraitzea ala jauzi kualitatibo bat egitea

Euskarari dagokionez, funtzio publikoan tokia izan dezan ekimen legegile bana aurkeztu dute EH Bilduk eta EAJk Gasteizko Legebiltzarrean. Honen inguruan, Iñigo Urrutia legelariaren hitzaldiak diagnostiko argia egin zuen Telesforo Monzon Laborategiaren ekitaldian: «Gaur egungo hizkuntza politika kolokan dago, auzitegiek sistematikoki atzerapausoak eragin dituzte, eta horren aurrean bi bide posible daude: orain arteko eredua malgutzen jarraitzea (EAJren proposamena) edo jauzi kualitatibo bat egitea, hizkuntza eskakizunak orokortuz eta elebitasuna arau orokor bihurtuz (EH Bilduren proposamena)». Bigarren aukera hori da, bere ustez, euskararen normalizazioari etorkizun sendoa bermatzeko bidea.

Josu Aztiria koalizio abertzaleko legebiltzarkideak azaldu zuen plazaratutako ekimena ez dela haiek bakarrik landua; sindikatu, eragile sozial eta beste alderdi batzuekin kontrasteak egin dituzte, eta guztien ekarpenak jaso dituzte. «Hasieran saiatu ginen PNVrekin adostasunera iristen, baina azkenean bakoitzak bere proposamena aurkeztu du. Nik uste dut horrek baduela alde positiboa: eztabaida legebiltzarrera eraman dugu, eta horrek aukera ematen digu diagnostikotik ekintzara pasatzeko», adierazi zuen.

EH Bilduren ekimenak hiru ardatz ditu: «Euskararentzat babes juridiko handiagoa, ezinbesteko baldintza eraso juridiko etengabeen aurrean segurtasun handiagoa izateko; berdintasun urratsak ematea, euskarak gaztelaniaren pareko estatusa izan dezan; eta hizkuntza politika berri bat martxan jartzea, administrazioan eta jendartean jauzi kualitatibo bat egiteko».

Nafarroari begira jarri zen Miren Zabaleta, EH Bildu Nafarroako arduradun politikoa. Bertan, laugarren etapa historiko bat ireki behar dela aldarrikatu zuen: «Euskararen aitortza osoa, zonifikazioaren gainditzea eta hezkuntzan benetako jauzia. Hori gabe, euskararen biziberritzeak ezin izango du behar duen indarra hartu», azpimarratu zuen.

Gazteen ideologia ahulak

Euskararen biziberritze prozesuari buruzko lanak aztertu ondotik, Olatz Altuna Soziolinguistika Klusterreko ikertzaileak honako ondorioak plazaratu zituen: gazteen artean euskararen inguruko ideologiak ahulak dira eta sarritan aurreiritzietan oinarritzen dira; praktikak kuadrillen eta inguruko ohituren arabera moldatzen dira; eta bizipenetan hizkuntzaren presentzia oso anitza da. Generoaren arabera aldeak nabarmenak dira, emakumeek euskararekiko lotura sendoagoa erakusten baitute. Gazteen hizkuntza jokaeren naturalizazioak inertziak indartzen ditu eta horrek erronka handia jartzen du euskararen biziberritze prozesuan.

Etorkizuneko erronkei heldu zien Garikoitz Goikoetxeak ere, Iñaki Iurrebasorekin batera “Esnatu ala hil” liburua idatzi duen kazetariak. «Proiekzioek diote geldialditik galera-fasera igaro gaitezkeela, batez ere belaunaldi berrien transmisioan eta arnasguneetan», baieztatu zuen. Horregatik, egiturazko neurriak hartu behar direla ohartarazi zuen: «Belaunaldi berriak euskalduntzea, arnasguneak babestea eta migrazio-prozesuak euskararen alde kudeatzea». Erronka nagusia 1970eko hamarkadakoaren pareko olatu berri bat piztea dela erran zuen.