CAF no sustituirá finalmente a los trenes que operan el servicio entre Dublín y Belfast. La empresa impugnó la adjudicación del concurso de 650 millones de euros, que finalmente fue otorgado a la compañía suiza Stadler, pero la Sala de lo Mercantil del Tribunal Superior de Irlanda ha rechazado su recurso.

En su resolución, el tribunal advierte de que estimarlo obligaría a reiniciar todo el procedimiento y pondría en riesgo los 165 millones de euros de financiación europea vinculados al proyecto, y argumenta que el «elevado interés público» de asegurar la inversión pesa más que el perjuicio que la decisión pueda causar a CAF.

La plataforma BDZ ha interpretado el fallo como «un fracaso total» del proceso iniciado por la empresa vasca, al que acusa de haberse construido sobre «una tesis victimista» según la cual su exclusión obedecería a la presencia de CAF en el denominado Informe Albanese como compañía «cómplice de apartheid».

La sentencia, en cualquier caso, evita cualquier consideración política o ética y se centra exclusivamente en los aspectos contractuales y en la salvaguarda de la financiación europea. En las 34 páginas de la resolución, el juez Twomey no establece relación alguna entre la presencia de CAF en la lista de Naciones Unidas sobre empresas con actividad en asentamientos israelíes y el resultado del concurso, ni sugiere que ese factor haya influido en la adjudicación.

Tampoco consta que, durante el procedimiento, se alegara que la no adjudicación a CAF estuviera vinculada a su inclusión en dicha lista.

BDZ sostiene que la decisión judicial deja a CAF sin la posibilidad de acceder a este contrato estratégico y limita su margen legal a reclamar una eventual compensación económica, además de exponerla al pago de costas. La plataforma interpreta el fallo como un signo del deterioro reputacional de la empresa y de la pérdida de credibilidad de sus argumentos.

Así, responsabiliza directamente a la dirección de CAF de haber arrastrado a la empresa a una posición «inmoral y colonialista» por su implicación en proyectos en Jerusalén, acusándola de desoír advertencias y de recurrir ahora a una estrategia de victimización para eludir responsabilidades.

BDZ afirma que las instituciones vascas no pueden seguir ignorando lo que, asegura, señalan Naciones Unidas, Amnistía Internacional y numerosas organizaciones sociales, y reclama mayor presión para que CAF abandone toda actividad vinculada al régimen israelí.

En vísperas de un nuevo aniversario de la partición de Palestina, la plataforma llama a mantener la movilización social y sostiene que casos como el de Irlanda muestran que la complicidad empresarial con el apartheid es cada vez menos tolerada a nivel internacional. Según BDZ, Euskal Herria no debe quedar al margen de este cambio.