La Fiscalía se muestra favorable a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presente cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público de la CAV, que establece que se asignen perfiles lingüísticos en todos los puestos de trabajo en las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV se plantea la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver sobre los recursos interpuestos por el PP y Vox contra varios preceptos del decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskara en el Sector Público Vasco. Por ello, ha pedido a las partes y al Ministerio Público que presenten alegaciones al respecto.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la Fiscalía considera que existen dudas sobre la constitucionalidad del citado artículo de la Ley de Empleo Público -del que penden los preceptos impugnados--, que establece que todos los puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos los temporales, deben tener asignado su correspondiente perfil lingüístico.

De esta forma, respalda que se eleve cuestión de inconstitucionalidad, opinión que comparten el PP y Vox, y que rechaza el Gobierno de Lakua. El Ejecutivo autonómico, que defiende la legalidad de la ley vasca, considera que, de esta forma, el Tribunal Superior «cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe».

Una vez presentadas las alegaciones, el TSJPV deberá decidir si presenta la cuestión de constitucionalidad y dictar un auto. En caso de que finalmente la plantee, quedarán suspendidas provisionalmente las actuaciones hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, primero sobre su admisión y, posteriormente, sobre el fondo del asunto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ya ha ratificado varias sentencias contra la exigencia del euskara en todas las plazas ofertadas en administraciones vascas, al estimar que se vulneraba el principio de igualdad en el acceso al empleo público que consagra la Constitución.