Después de asegurar en la campaña electoral de 2023 que el proyecto se iba a hacer «sí o sí», la ahora diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha reconocido este martes ante la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de Juntas Generales que «siempre» fueron conscientes de que «el marco normativo podía llegar a ser un obstáculo insalvable» para la construcción de la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai. Según Elixabete Etxanobe, informes posteriores han sido los que han confirmado la «inviabilidad» del mismo «a corto y medio plazo» a consecuencia de complejas «trabas» jurídicas.

Desde la oposición le han exigido «autocrítica» ante un proyecto que la portavoz del PP, Raquel González, ha definido de «fantasma». «Emprendieron una huida hacia adelante hasta que chocaron con la opinión unánime de la comarca», ha dicho Iker Casanova, de EH Bildu. Elkarrekin ha solicitado una auditoría externa para fiscalizar cada euro invertido.

Etxanobe ha comparecido en la Cámara vizcaina, a petición de PP y EH Bildu, para detallar las razones que han empujado al Patronato del Guggenheim a desechar un proyecto que, a la vista de las manifestaciones de la propia diputada general, tenía pies de barro. El cambio de posición, ha dicho la jeltzale, ha estado guiado «por la responsabilidad» al tener la certeza, según informes solicitados, que el panorama jurídico y administrativo, incluyendo los procesos judiciales abiertos, no quedaría despejado «antes del año 2035».

La responsable foral ha incidido en que su ubicación en la reserva de la biosfera era su gran atractivo «pero también su principal debilidad».

«Siempre se ha intuido que el marco normativo podía llegar a ser un obstáculo insalvable para la materialización de un proyecto singular que solo podía expresar su originalidad en la ubicación elegida», pero «cuando los estudios realizados han convertido la intuición en certeza, se ha actuado en consecuencia», ha expuesto quien defendió a capa y espada una infraestructura que una mayoría social de Busturialdea rechazaba.

El juntero jeltzale Julen Karrion, que es también alcalde de Murueta, donde agilizaron la maquinaria administrativa para tramitar el Plan General que diera cobijo a una de las sedes en las instalaciones del astillero, ha reivindicado la «seriedad institucional» de la Diputación al saber parar un proyecto cuando los estudios técnicos desaconsejaban su viabilidad.

Después de tratar de desacreditar a quienes lo ponían en cuestión y sostener el PNV que había una «mayoría silenciosa» que lo defendía, Etxanobe ha admitido que no podían «actuar a espaldas de la ciudadanía» a la vista del resultado preliminar del proceso de escucha realizado por Agirre Lehendakari Center.

Sin datos sobre la inversión total

Respecto a la inversión ejecutada hasta la fecha, la diputada general se ha limitado a hablar de lo destinado a los trabajos de desmantelamiento y recuperación de suelos en los terrenos de la antigua fábrica de Dalia, que han ascendido a 1.166.982,02 euros, sin avanzar una cifra de la inversión total en los 17 años que sucesivos responsables forales han promovido con mayor o menor intensidad el polémico proyecto.

Etxanobe ha defendido que el dinero desembolsado en Dalia tiene un valor ambiental intrínseco para la ciudadanía, independientemente del fin del proyecto museístico.

En cuanto a la subvención de 40 millones de euros acordada en 2023 entre la Diputación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para «actuaciones de desarrollo sostenible y ambientales» en el estuario del Oka, pacto político que llegó acompañado de la resolución de la Dirección de Costas –que se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional– que rebajó de 100 a 20 metros la anchura de la zona de protección del tramo ocupado por Astilleros de Murueta, la diputada general ha informado que negocian con el Gobierno español para que se mantenga.

No ha querido hablar sobre el futuro de la instalación industrial que ocupa el dominio público marítimo-terrestre, que la Diputación ha tratado de comprar sin éxito, limitándose a comentar que «serán los propietarios quienes adopten las decisiones» sobre su futuro en función de las resoluciones del Ministerio al respecto.

Ha recordado que cuando llegó al Ejecutivo foral ese plan con dos sedes del Guggenheim en Urdaibai ya estaba en marcha y ha descartado que el anterior lehendakari Iñigo Urkullu no lo respaldara, después de que desde EH Bildu responsabilizara personalmente a ella y al actual lehendakari, Imanol Pradales, de haberlo impulsado.

«Nula autocrítica»

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha denunciado la «nula autocrítica» del Gobierno foral PNV-PSE y le ha acusado de actuar «de espaldas a la voluntad de la ciudadanía». Ha definido la trayectoria del proyecto como una «huida hacia adelante» que ha acabado chocando contra un muro jurídico, instando a la Diputación a «pedir perdón» por haber mantenido durante años una propuesta técnicamente insalvable.

Raquel González, del PP, ha calificado la renuncia como una «crónica de una muerte anunciada», criticando que se haya tardado 17 años en admitir unas limitaciones legales que ya eran conocidas en 2008. Ha exigido «transparencia total» sobre el destino de los 40 millones de euros presupuestados y ha reclamado responsabilidades políticas por la gestión de lo que considera un «proyecto fantasma».

Desde Elkarrekin, Eneritz de Madariaga ha mostrado su preocupación porque «las necesidades de una entidad privada se situaran por encima de la legislación de un territorio». Ha censurado que la Diputación haya utilizado el tiempo y los estudios para intentar «retorcer la ley» y ha solicitado una auditoría externa para fiscalizar cada euro invertido en un proyecto que, a su juicio, carecía de sentido desde su concepción.

El apoderado del PNV Julen Karrion ha criticado a la oposición que se trate de «enredar» el debate. «Gobernar significa saber cuándo avanzar y también cuándo parar. Cuando un proyecto no es viable, se para», ha señalado.

El portavoz del PSE, Goyo Zurro, ha defendido que, «cuando un proyecto no ofrece garantías de viabilidad jurídica, ambiental y social en el corto y en el medio plazo, lo responsable, lo prudente es no seguir adelante». Asimismo, ha apelado a centrarse en el Plan Estratégico Comarcal, incluidos «los ayuntamientos sean del signo que sean».