Los cancilleres de los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, con la ausencia destaca del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y una amplia delegación europea encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han firmado este sábado el acuerdo de libre comercio en Asunción. Lo han hecho en una ceremonia protocolaria organizada en las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP), el mismo lugar donde nació hace casi 35 años el bloque sudamericano. Allí han dado luz verde a la creación de una zona de comercio común formada por 720 millones de personas.

«Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas», ha señalado Von der Leyen, que ha incidido en que el acuerdo «eliminará barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial».

En el mismo sentido, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha destacado que se trata de una apuesta por la apertura frente al unilateralismo y el uso del comercio como «arma geopolítica». «Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento», ha declarado.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anfitrión del acto, también ha aseverado que el pacto de libre comercio «demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino». «Con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tiniebla primigenias de los unilateralismos y las desconfianzas», ha manifestado.

Pero lo cierto es que no se trata de un acuerdo sencillo, ni exento de polémica. Basta con señalar que las negociaciones se han prolongado durante 26 años entre bloqueos, ultimátums y protestas organizadas por agricultores y ganaderos del Viejo Continente. Hoy mismo, 2.500 personas y medio centenar de tractores se han congregado en Berlín para alzar la voz contra un tratado que tampoco cuenta con el apoyo unánime de los Veintisiete. El Estado francés, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría están en contra, y el Gobierno de Varsovia ya ha anunciado que lo impugnará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas se muestra cauta ante la posibilidad de que algún Estado o algún eurodiputado recurra a la Corte Europea, y no ha aclarado si contempla la entrada en vigor provisional de la parte que afecta a la política comercial –de competencia comunitaria–, o si esperará al consentimiento del Parlamento Europeo. Aún no tiene fecha para el voto y los grupos afrontan la sesión divididos, más atentos a intereses estatales que de partido. 

A este respecto, conviene aclarar que el pleno del Parlamento Europeo puede aprobar o tumbar el acuerdo en su totalidad, pero no enmendarlo. Y, entretanto, en la sesión plenaria de la próxima semana incluye en el orden del día dos resoluciones, una de la izquierda y otra de la extrema derecha, que piden llevar el pacto ante el TJUE para que determine si es compatible con los tratados europeos.

Otra cuestión es el acuerdo de asociación incluido en el pacto, de naturaleza política, que podría entrar en vigor provisionalmente, pero que necesita el visto bueno de todos los Estados europeos para ser ratificado de forma definitiva. Un proceso que puede demorarse años. El Parlamento austríaco, entre otros, se ha pronunciado en contra del acuerdo y obligó a su Gobierno a vetarlo en el Consejo de la UE. 

Euskal Herria, entre dos Estados

La división entre Estados se hace evidente en Euskal Herria, un país sometido a dos administraciones diferentes. Mientras que París no esconde su rechazo, el Gobierno español saluda esta «oportunidad histórica». «Objetivamente, no hay razones para oponerse al acuerdo», ha manifestado el ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha insistido en que los productos importados deberán cumplir las mismas exigencias de seguridad alimentaria de la UE. «Y hemos establecido unos contingentes para los productos más sensibles que no exceden el 1% o el 2% del consumo de la UE y unas cláusulas de salvaguardia extraordinarias», ha añadido. 

Para calmar las aguas, la Comisión Europea ha pactado con el Consejo y la Eurocámara un conjunto de salvaguardas para proteger al sector primario ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al Mercosur en sectores sensibles, como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar. Estas medidas establecen umbrales específicos para que Bruselas pueda iniciar investigaciones y activar medidas en caso de fuerte impacto en productos agrícolas europeos si las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios cayeran en el mismo porcentaje en un periodo de tres años.

En este sentido, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca de Lakua, Amaia Barredo, ha reconocido que «hay sectores dentro de la agricultura que se van a ver claramente afectados» por los menores costes de producción de otros países, además de «unas normas también laborales, sanitarias y productivas diferentes». «El Gobierno lo que se va a comprometer es a estar muy encima, a recoger todos esos informes, a pedirlos, que se cumplan todos estos controles y luego ya valoraremos más adelante si las repercusiones van a requerir de un apoyo económico adicional o no», ha apuntado. 

Y ha recordado que la Comisión Europea ya se comprometió a destinar «unas partidas presupuestarias para paliar las posibles afecciones que se pudieran llegar a generar». «El Gobierno vasco también estará encima o si hace falta complementarlas o apoyarlas desde otro enfoque. En ese sentido sí que hay que tranquilizar al sector que el Gobierno vasco está encima y va a seguir estando», ha zanjado en una entrevista a Radio Nacional.