Los Estados miembro de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a un reglamento para la eliminación gradual, a partir de 2027, de las importaciones de gas ruso —tanto por gasoducto como de gas natural licuado (GNL)— al territorio comunitario. La norma convierte en jurídicamente ‌vinculante la promesa de la UE de cortar los lazos con su antiguo principal proveedor de gas, casi cuatro años después del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022. Rusia suministraba más del 40% del gas de la UE antes de la guerra, aun así, ese porcentaje se redujo a alrededor del 13% en 2025.

El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría - que dijo que llevaría el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo- y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a comienzos de 2027 y las de gas por gasoducto a partir del otoño de ese mismo año. Asimismo, permitirá que los contratos vigentes se mantengan durante un periodo transitorio con el fin de «limitar el impacto» de esta decisión sobre los precios y los mercados.

«A partir de hoy, el mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Estamos rompiendo con la dependencia perjudicial del gas ruso y dando un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una unión energética autónoma», ha declarado Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Los Estados miembros también han acordado imponer una obligación que exigirá verificar el país de origen de cualquier gas antes de autorizar su entrada en la Unión, con el objetivo de evitar que el gas ruso acceda al mercado comunitario a través de operaciones con terceros países.

El incumplimiento de estas nuevas normas, que entrarán en vigor el próximo 2 de febrero —una vez publicadas en el Diario Oficial de la UE—, podrá acarrear sanciones máximas de al menos 2,5 millones de euros para personas físicas y de al menos 40 millones de euros para empresas, además de multas equivalentes, como mínimo, al 3,5 % del volumen de negocios anual total mundial de la empresa o al 300 % del volumen de negocios estimado de la transacción.

La emergencia como excepción

Además, antes del 1 de marzo de 2026, los Estados miembro deberán elaborar planes nacionales para diversificar el suministro de gas e identificar «los posibles desafíos» para su sustitución. Para ello, las empresas estarán obligadas a notificar a las autoridades nacionales y a la Comisión cualquier contrato pendiente de gas ruso, mientras que los países que aún importen petróleo ruso deberán presentar también planes específicos de diversificación.

En cualquier caso, el reglamento incluye una cláusula de salvaguarda que permitiría volver a conectarse al gas ruso «en caso de declaración de emergencia» o si la seguridad del suministro «se ve seriamente amenazada en uno o más países de la UE». En ese supuesto, la Comisión podrá suspender la prohibición de importación durante un periodo máximo de cuatro semanas.

Paralelamente, la institución presidida por la alemana Ursula von der Leyen prevé proponer nueva legislación para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso antes de finales de 2027.

El respaldo de los Veintisiete suponía el último trámite pendiente para romper definitivamente con las compras de gas ruso, después de que el pasado 17 de diciembre el pleno del Parlamento Europeo aprobara el acuerdo en Estrasburgo con 500 votos a favor, 120 en contra y 32 abstenciones. Solo restaba, por tanto, el visto bueno formal de los Estados miembros para que la norma pudiera entrar en vigor.

Pese a que, tras el comienzo de la guerra en Ucrania, los líderes de la UE acordaron eliminar lo antes posible la dependencia de los combustibles fósiles rusos, el gas ruso sigue representando actualmente el 13 % de las importaciones de la Unión en 2025. En contraste, las importaciones de petróleo ruso se situaron por debajo del 3 % en ese mismo año.