El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha defendido la decisión del Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua de informar sobre la nacionalidad de las personas detenidas por la Ertzaintza, y ha atribuido la diferencia de criterio que mantienen a este respecto el Ejecutivo municipal de Bilbo, que rechaza aportar esta información, a que pese a que ambos gobiernos estén en manos de PNV y PSE, en cada institución «hay sensibilidades y personas diferentes».

Esteban, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, ha afirmado que, a su juicio, «hay que dar» los datos sobre la nacionalidad de las personas detenidas por las fuerzas policiales, dado que «al final» acaban conociéndose de todas formas porque los grupos de la oposición los consiguen a través de sus preguntas y solicitudes de información institucional, y «se los pasan a la prensa».

Por ese motivo, considera que es mejor aportar esa información por parte de las instituciones «desde el primer momento». Respecto al hecho de que el Gobierno municipal de Bilbo, que al igual que el Ejecutivo autonómico está gobernado por el PNV y el PSE, haya rechazado aportar datos de nacionalidad en sus comunicados sobre la actividad de la Policía Local, ha indicado que en cada institución «hay sensibilidades y personas distintas».

En todo caso, ha afirmado que lo que hace el Gobierno de Lakua al informar sobre la nacionalidad de las personas detenidas por la Ertzaintza en sus comunicados de prensa «está bien». «Deberíamos partir de ahí», ha añadido.

Regularización

Respecto al proceso de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno español ha recordado que el PNV «siempre» ha defendido la necesidad de regularizar a estas personas, por lo que en su día votó a favor de la Iniciativa Legislativa Ciudadana que planteó esta cuestión ante el Congreso de Madrid.

El dirigente del PNV se ha mostrado partidario de una regularización «amplia», aunque «ligada al trabajo». Además, ha lamentado que después de dos años debatiendo sobre este asunto, ahora se demuestre que el Gobierno «podía hacerlo por decreto».

También ha lamentado que, según el acuerdo logrado entre el Ejecutivo español y Podemos, las condiciones establecidas hagan que prácticamente «cualquier y en cualquier caso» se pueda acoger a este proceso, cuando a su juicio debería establecerse un mecanismo «más concreto». Por ese motivo, se ha mostrado «crítico» con «la forma y el contenido» del decreto, pese a «coincidir en la necesidad de la regularización».