El 14 de noviembre, la justicia británica consideró al gigante minero australiano BHP responsable de lo que Marilda califica como «un crimen muy grande». Un fallo que puede desembocar en miles de millones de dólares en indemnizaciones.

El 5 de noviembre de 2015 el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, estado de Minas Gerais, se cobró la vida de 19 personas, arrasó varias localidades y liberó 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, que viajaron 650 kilómetros por el río Doce hasta el océano Atlántico.

Una decena de demandantes brasileños de aquella tragedia viajaron a Londres para asistir, en un principio miércoles y jueves, a una audiencia, en el Tribunal Superior de Justicia británico, en la que se debía decidir el calendario del juicio de compensación y los documentos y pruebas periciales necesarios.

«El tribunal ha ordenado que el inicio del procedimiento se traslade de octubre de 2026 a abril de 2027. Este ajuste es un paso necesario para asegurar la fecha de juicio justa más temprana y para garantizar que presentemos el caso más sólido posible», señaló en un comunicado el bufete de abogados de los demandantes, Pogust Goodhead, tras la audiencia del miércoles.

Tras esta decisión del tribunal, se canceló la segunda jornada de la audiencia, prevista el jueves, añadió Pogust Goodhead.

«Lo que nos corresponde»

El gabinete de abogados de los demandantes prevé que el juicio de compensación que se iniciará en abril de 2027 «se extienda hasta diciembre de 2027, con alegatos finales en marzo de 2028». La minera BHP tenía dos sedes en el momento de los hechos, una de ellas en Londres, lo que explica este juicio en la capital británica.

Desde el inicio del proceso, BHP —copropietaria junto a la minera brasileña Vale de la empresa Samarco, titular de la represa— rechazó ser «contaminador directo».

La justicia brasileña absolvió a estas empresas porque las pruebas analizadas no eran «determinantes» para establecer su responsabilidad. Los demandantes recurrieron a la justicia británica, al no estar satisfechos de los procesos que se llevaron a cabo en Brasil.

«Buscamos lo que nos corresponde, Esperamos lo que sea justo, porque el impacto fue muy grande, el crimen fue muy grande. Tenemos problemas de salud, mentales, por no poder realizar las actividades que hacíamos antes», señala Marilda Lyrio de Oliveira.

El grupo australiano recordó el miércoles en un comunicado que en 2024 firmó un acuerdo de reparación y compensación por valor de 170.000 millones de reales (23.300 millones de dólares) con las autoridades brasileñas, lo que permitió indemnizar a «más de 610.000 personas».

La compañía considera la justicia británica debe desestimar que «cerca de 240.000» demandas porque los denunciantes ya recibieron una indemnización en Brasil, donde firmaron «una renuncia completa» a continuar con el litigio.

El bufete de abogados de los damnificados reconoció el miércoles en un comunicado que «el tribunal proporcionó orientaciones sobre el efecto jurídico de determinados acuerdos de compensación alcanzados en Brasil. Como resultado, Pogust Goodhead confirma que los demandantes que celebraron acuerdos de transacción total y definitiva en virtud de esquemas brasileños específicos y recibieron compensación no pueden, como cuestión de derecho, continuar con sus reclamaciones en el procedimiento inglés».

«Tras este paso, aproximadamente 380.000 demandantes permanecerán en el procedimiento, dado que la acción inglesa sigue siendo su única vía para obtener una reparación justa», añadió Pogust Goodhead.

«Rompió nuestra vida»

Ana Paula Auxiliadora Alexandre, que vive en Ouro Preto, perdió a su marido en la tragedia, quien con 40 años dejó viuda y cuatro huérfanos. «El sufrimiento fue tan grande que rompió nuestra vida, interrumpió sueños. Durante estos diez años hemos estado luchando por justicia», explica Ana Paula.

Renzo Vasconcelos, alcalde de Colatina, en el estado de Espirito Santo, explica que «la justicia londinense está garantizando el derecho del brasileño, el derecho del colatinense a ser restituido o reparado por el crimen ambiental causado por la minera».

«Menos del 15% de los ciudadanos de Colatina recibió alguna indemnización. Por lo tanto, todavía falta que el 80% o 90% reciba este derecho. Y que se repare, al menos en parte, este crimen ambiental», añade Vasconcelos.