Imanol  Intziarte
Redactor de actualidad, con experiencia en información deportiva y especializado en rugby
Entrevista
José Ángel Apaolaza y Manex Ralla
Portavoces de la Asociación de Vecinos del barrio donostiarra de Herrera

«Lo que no queremos es que el problema de Jolastokieta se traslade a otra parte»

José Ángel Apaolaza ‘Butx’ y Manex Ralla son integrantes de Herripe, la asociación de vecinos del barrio donostiarra de Herrera, que viene copando titulares por la presencia de migrantes en varios pabellones abandonados, un terreno en el que se prevé una importante operación inmobiliaria.

Manex Ralla y José Ángel Apaolaza, portavoces de Herripe.
Manex Ralla y José Ángel Apaolaza, portavoces de Herripe. (Jon URBE | FOKU)

Herrera es un pequeño barrio del distrito donostiarra de Altza, al este de ciudad, en la ‘muga’ con Pasaia. Una zona que hasta hace unos años acogía numerosas empresas, que poco a poco fueron cerrando: Rich, Ramón Vizcaino, Terán, Poseidón, Rutilita… 

Algunos edificios, abandonados, se mantienen aún en pie. Otros ya fueron derribados y el solar aguarda su destino, mientras que en el lugar que ocupaban unos cuantos se han venido construyendo nuevas viviendas. 

Una de las últimas empresas en bajar la persiana fue Zardoya-Otis, que junto a otras más pequeñas se ubicaba en un espacio conocido como la vaguada de Jolastokieta. En la actualidad pernocta bajo esos techos un nutrido grupo de migrantes. Hace unas semanas, el alcalde Jon Insausti aseguró que se iban a acelerar los derribos, y poco después de produjo el desalojo de uno de esos pabellones.

En nombre de la Asociación de Vecinos Herripe, José Ángel Apaolaza ‘Butx’ –presidente– y Manex Ralla exponen su punto de vista sobre una historia que tiene varias ramificaciones. «Todo empieza con la marcha de las empresas, tanto de Jolastokieta como del conjunto de Herrera. El barrio era una referencia a nivel fabril, industrial, pero poco a poco van desapareciendo todas. El último reducto era este de Jolastokieta, básicamente Zardoya-Otis», explica Apaolaza.

Primer convenio, firmado en 2016

«En el año 2016 se firma el primer convenio entre el Ayuntamiento y esta empresa para su traslado a Eskuzaitzeta, con el planteamiento de mantener los 200 puestos de trabajo que había entonces, y bajo la amenaza de que si no se aprobaban las condiciones de la empresa esos puestos se iban a deslocalizar al Este de Europa», prosigue.

Unos años después, «tras la pandemia empieza a aparecer gente que va entrando en uno de esos pabellones, el número 4, que es el que han desalojado ahora. No son muchos, todos de origen magrebí, jóvenes al principio y luego gente un poco más mayor», rememora. 

En Herrera no solo fueron cerrando fábricas, también bares y pequeños comercios. Una de esas tiendas fue la zapatería Antolín, junto al acceso al apeadero de Renfe. «En torno a 2023 ocuparon ese local 4 o 5 personas. Es un lugar de paso, y su presencia en la acera era permanente, montando bronca», apunta Apaolaza. «Creaban un pasillo en el que tenías que pasar sí o sí por medio de ellos», apostilla Manex Ralla. 

Problemas y desalojo

Ahí empezaron los primeros problemas. «Hubo bastantes reuniones para evaluar qué hacer. Desde Herripe siempre hemos planteado que quien tenía que asumir la responsabilidad de resolver ese contencioso era la administración. Se ordenó un desahucio, aunque para cuando llegó la Ertzaintza ya se habían ido».

Mientras, los que estaban en Jolastokieta 4 «seguían ahí. Había una rotación importante, pero desde Herripe mantuvimos contacto con ellos para ver qué situación tenían, qué se podía hacer… Tras el desalojo de Antolín se calmó la situación y eso influyó en todo el entorno». 

Hasta que más adelante quedaron definitivamente vacíos los pabellones de Zardoya, sin siquiera un guarda de seguridad. Los terrenos pasaron a manos de una promotora, Barenys SL. «Pusieron una valla metálica, que no es un obstáculo para nadie que quiera entrar. Nosotros ya avisamos al Ayuntamiento, tanto a Seguridad Ciudadana como a Bienestar Social, de que se iba a generar un problema. Como era previsible, empieza a llegar otra gente que se mete ahí».

El número de migrantes creció con el desalojo de los Agustinos de Martutene, a principios del pasado diciembre. Poco después se generó un conflicto. «En un pabellón vivían marroquís, y en otro argelinos, y se llevan a matar. En un momento dado, por un móvil robado entre ellos, surge una pelea bastante grande, con machetes y demás. Porque nosotros decimos ‘son todos magrebís’, pero…», indica Ralla. 

Apaolaza añade que «el Ayuntamiento se siente interpelado, y a los dos días el alcalde ofrece una comparecencia en la que dice que va a acelerar los derribos». Unas semanas después de produce el desalojo de Jolastokieta 4.

«Método de presión»

Manex Ralla explica que «presentamos un escrito pidiendo que se obligara a Barenys, que es un conglomerado participado por unas cuantas constructoras e inmobiliarias bastante potentes del territorio, a tomar medidas para garantizar la seguridad estructural del edificio y el ornato público, la ‘txukuntasuna’ del lugar. La propiedad estaba pasando olímpicamente y sigue pasando olímpicamente, y pedíamos que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto». 

Y expone su teoría al respecto: «Yo pienso mal y suelo acertar. La fábrica de Zardoya se intentó ocupar antes por una persona, pero un guardia de seguridad la echó enseguida. Una vez vendida la parcela a la promotora inmobiliaria, eso empieza a ocuparse y aquí no pasa nada. Desde que Barenys ha cogido esto el lugar se ha ocupado, se ha degenerado increíblemente con suciedad y basura, y al final es un método más de presión para que los vecinos traguemos y aceptemos ‘que se haga algo, lo que sea’».

Apaolaza comenta que desde Herripe tienen claro que «el desahucio y el derribo van a pasar, no sabemos cuándo. Lo que no queremos es que el problema se traslade a otra parte de Herrera, a otra parte de Altza o a otra parte de donde sea. Es una cuestión que tiene varias aristas, y cada uno tiene que asumir lo que le toca. En el Ayuntamiento parece haber un cambio de posición, se anunció un nuevo programa –llamado Aukerak– que no sabemos muy bien lo que es, pero planteando que hay otras necesidades a las que hay que responder, que ya no es un tema meramente de seguridad. Para algunos, con que los migrantes se vayan ya está solucionado, pero no es nuestra posición». 

Número de viviendas duplicado

El segundo caballo de batalla es el de la promoción inmobiliaria proyectada en esos terrenos una vez se produzcan los derribos. Ralla recuerda que en el convenio suscrito en 2016 «se pacta una edificabilidad de metro por metro, por cada metro cuadrado de techo industrial un metro cuadrado de techo residencial, eran casi 19.000 metros. Eso lo negocia Burutaran (EH Bildu) pero lo firma el siguiente gobierno (PNV-PSE)». 

Sin embargo, en 2019 se produce «un cambio que el Gobieno municipal acepta, alguien sabra por qué, en el que esos 19.000 metros pasan a 38.0000 –de casi 200 viviendas a unas 400–, se duplica de golpe y porrazo, y la única justificación que se da son las necesidades de traslado de Zardoya, que ya se había trasladado. En 2021 ya empiezan a entrar promotores inmobiliarios y Zardoya no pinta nada, pero a día de hoy la modificación puntual del PGOU que se plantea sigue justificando las edificabilidades en base a Zardoya».  

Con ese cambio del Plan General el Ayuntamiento organiza« un proyecto que llaman participativo, que es exponer lo que quieren hacer. Nosotros planteamos nuestras inquietudes o nuestras objeciones, pero es igual, ellos siguen adelante. Luego hay un periodo de alegaciones, que coincide un poco con todo este follón del desahucio». 

Tres alegaciones principales

Las alegaciones presentadas contemplan tres aspectos principalmente. El primero es el de las zonas verdes, con la ampliación «no queda espacio para las que corresponderían en ese ámbito». El Ayuntamiento trata de aprovechar un resquicio legal «para llevarlas a Erregenea, en Igeldo, se lleva allí 5.600 metros cuadrados de zonas verdes que corresponderían aquí».

La segunda cuestión es la carencia de equipamientos comunitarios en todo Altza. Sobre el plano «hay espacio para un edificio que dicen que es para dotaciones, pero esa es toda la concreción que tenemos…». Desde Herripe no se fían, y Apaolaza recuerda cómo una parcela de la antigua Ramón Vizcaino, que iba a contar con un edificio de servicios, terminó siendo un parking de superficie.  

El tercer aspecto es «la movilidad. El estudio que hacen se limita al ámbito nuevo, todo el entorno les es igual, lo podrían colocar aquí o en Marte. Con ese número de viviendas son más o menos 600 vehículos más, que se supone que van a tener que entrar y salir de ahí». 

Frente al argumento de la necesidad de vivienda y de regenerar terrenos industriales antes que artificializar zonas verdes, replican que «en nuestro caso luego también quieren artificializar Auditz Akular, y además el porcentaje de VPO va a ser el mínimo legal».

En la respuesta flota la sensación de que este patio trasero de la Bella Easo termina siendo siempre uno de los ‘patitos feos’ que lo soporta todo. «Lo que hay es un pelotazo como la copa de un pino», sentencia Manex Ralla.