EH Bildu de Donostia ha presentado para el pleno de este jueves una moción de control en la que pide al Gobierno municipal que analice «un protocolo de actuación para el caso de que decaiga el llamado ‘escudo social’ y se retomen los desahucios suspendidos de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional».

La demanda se produce ante el riesgo de que «el Real Decreto 2/2026, conocido como Decreto Antideshacucios, no sea convalidado por el Congreso» de Madrid, «con el consiguiente riesgo que ello supone para decenas de personas inquilinas».
 
Dicho Decreto sí estuvo vigente en los años 2024 y 2025, y en ese periodo «los servicios sociales del Ayuntamiento emitieron informes de vulnerabilidad de inquilinos, sin alternativa habitacional», lo que evitó que fueran desalojados.

La pasada semana, en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio, EH Bildu preguntó por esta cuestión, ante lo cual la delegada de Urbanismo Sostenible y Vivienda, Nekane Arzellus, respondió, según indica la coalición, que «no consideraban oportuno analizar la incidencia que pueda tener en la ciudad la derogación de la normativa que suspende los desahucios hasta saber si efectivamente se convalida o no el Real Decreto 2/2026». 

Un total de 64 familias

Arzellus también informó de que «el número de informes de vulnerabilidad realizados por el Departamento de Acción Social como consecuencia de procedimientos de desahucios era de 64».

EH Bildu entiende que «todas las administraciones, incluido la local, deben prever adecuadamente la respuesta habitacional» a dar a estas familias, por lo que pide que se apruebe «un protocolo de actuación» para dar respuesta a un posible fin del ‘escudo social’. 

Al mismo tiempo, insta al Gobierno Municipal a «hacer un seguimiento activo sobre la situación de las 64 familias cuyo desahucio fue suspendido por su situación de vulnerabilidad y carencia de alternativa habitacional; y de cuantas otras puedan verse en la misma situación».