El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha avanzado que el miércoles de la próxima semana se reunirá con representantes de Uber de cara a gestionar su implantación en la ciudad «lo mejor posible».

«Al final es una nueva realidad que ha llegado a la ciudad y a nosotros nos toca aceptarla y gestionarla lo mejor posible», ha señalado en su habitual rueda de prensa de los martes, para incidir que «para eso es bueno conocerlos y saber qué expectativas tienen», así como «sobre qué marco jurídico se basan para operar en la ciudad».

En este sentido, ha reconocido que «el entramado jurídico-normativo que regulan los Uber es bastante complejo», ya que «entran en juego la normativa estatal, la autonómica, las territoriales».

Ha indicado que el Ayuntamiento tiene acceso a un software «donde quedan registrados todos los servicios que realiza Uber en la ciudad». Aún es pronto para «sacar conclusiones», pero a medida que pasen los días se verá «cómo va operando, cuántas licencias hay activas, cómo y por dónde opera y qué respuesta tiene. Cuando tengamos todo claro también, pues tomaremos las decisiones».

Insausti ha afirmado que el Gobierno municipal tiene «dos premisas de trabajo», que son «ofrecer el mejor servicio posible a los donostiarras» y que «el campo de juego, que el marco sea igual para todos».

Preguntado por los periodistas si es legal que Uber ofrezca servicios urbanos, no sólo interurbanos, como ya está haciendo, ha aclarado que sí, gracias a la licencia del Gobierno español. En el caso de los desplazamientos interurbanos son las diputaciones quienes conceden los permisos. Por ello, ha insistido en que lo que quieren es «aclarar, en todo ese esquema, la capacidad del municipio para poder regular esta nueva casuística en la ciudad».

Radio Taxi Donostia

Por su parte, Radio Taxi Donosti, una de las operadoras que trabaja en la ciudad, ha emitido un comunicado en el que defienden que las compañías como Uber «no están habilitadas para realizar captación directa en vía pública ni para operar como transporte urbano equiparable al taxi, y deben ceñirse estrictamente al régimen jurídico específico que regula su actividad».

También recuerdan que «sus tarifas no están sometidas a regulación administrativa, a diferencia del taxi, cuyas tarifas son públicas y oficiales, garantizando transparencia y protección para la persona usuaria».

«Confiamos en que las instituciones actuarán con diligencia para asegurar que cualquier operador que preste servicio en nuestro territorio lo haga respetando escrupulosamente el marco legal vigente», añade la nota, que advierte que «si se constatara que la legalidad no se cumple o que no se adoptan las medidas necesarias para garantizarla, el taxi donostiarra defenderá sus derechos por las vías legales oportunas».