El consejero de Educación del Gobierno navarro, Carlos Gimeno, ha reconocido que su departamento no tiene competencias para cerrar o intervenir en el centro que la secta sedevacantista Fundación Maestro Ávila tiene en la localidad de Argiñao, al que acuden decenas de menores a unas dependencias que no están homologados y que están al margen del control de las administraciones públicas. 

Gimeno ha comparecido este viernes en el Parlamento navarro, junto a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, a instancias de EH Bildu, y ha destacado que se conoce la situación de este centro, denominado Santa María de los Milagros, desde 2014. 

«La Administración educativa no tiene competencia para obligar a requerir una autorización a un centro de estas características. Es voluntario. No se regula cómo actuar con quienes no lo solicitan. Somos conocedores de la realidad de ese alumnado, pero no podemos actuar ni sancionar», ha señalado Gimeno. 

Sin autorizaciones ni títulos oficiales

En este sentido, ha explicado que han mantenido encuentros con el Departamento de Derecho Sociales y la Fiscalía, que ha archivado las actuaciones. Asimismo, se han realizado inspecciones «informativas y exploratorias» y no de «supervisión inspectora». 

Gimeno ha añadido que este centro no puede expedir títulos oficiales. El centro de Argiñao tiene vínculos con un instituto de Michigan y ha tratado de otorgar títulos equivalentes al Bachillerato, pero no han sido homologados. 

Maeztu ha destacado que no se pueden dar datos de intervenciones que afectan a menores y ha explicado que su departamento solo puede actuar si hay una denuncia concreta que afecte a un menor y siempre de manera individual. 

«Enciclopedia Álvarez»

Eneka Maiz (EH Bildu) ha mostrado su preocupación por la situación de los menores y ha subrayado que, pese a la falta de competencia argumentada por Gimeno, corresponde al Gobierno garantizar la escolarización de los menores. 

Junto a ello, Maiz ha destacado que las intervenciones se han desarrollado tras la movlización social y política en Deierri y Gesalatz y ha recordado que se tiene constancia de esa situación desde 2014. 

La parlamentaria de EH Bildu ha mostrado su preocupación por el curriculum que se imparte en el centro de Argiñao, que carece de acreditación. Ha destacado que informes señalan que las clases son «lúgubres» y no se imparte ni música ni educación física. Además, se da prioridad a la religión, con tesis que no reconocen el Concilio Vaticano II. Las clases son de apenas cuatro horas al día. Asimismo, ha señalado que han llegado informaciones de que emplean como libro de texto la ‘Enciclopedia Álvarez’, el manual de la escuela franquista basada en el impulso de la «formación del espíritu nacional». 

UPN: «Acoso de afines a la izquierda abertzale»

Ángel Ansa (UPN) ha condenado «la intolerable campaña de odio, acoso, linchamiento y persecución por parte de colectivos afines a la izquierda abertzale» y ha legitimado a la Fundación Maestro Ávila diciendo que «están el registro de fundiciones».

«No se tienen pruebas de que hayan cometido delitos o se realicen exorcismos. No han provocado ningún conflicto en quince años. Los valles de Yerri y Gesálaz son de todos los vecinos, no de la izquierda abertzale, a la que le quedan aún muchos pasos por dar», ha añadido el parlamentario de UPN. 

Kevin Lucero (PSN) ha acusado a Ansa de «utilizar el comodín de ETA cuando estamos hablando de menores». Ha señalado que Educación ha actuado en función de sus competencias y ha defendido que «los derechos de las familias no deben estar por encima de los derechos de los menores». 

Geroa Bai: «Que primen los intereses de los menores»

Para Itxaso Soto (Geroa Bai), debe primar la protección del menor y ha destacado que «no hay justificación para defender a esta comunidad». «Si son tan legales, ¿por qué viven al margen de la ley?», ha preguntado, tras recordar que en la Fundación Maestro Ávila hay personas vinculadas a Fuerza Nueva y Vox. «No queremos esto para nuestros hijos», ha añadido. 

Irene Royo (PP) ha abogado por defender el interés superior del menor, «algo que no es retórico». 

Daniel López (Contigo-Zurekin) ha defendido que la red educativa pública debe vertebrar el sistema educativo y que la concertada debe ser subsidiaria cumpliendo siempre con los requisitos legales. Ha denunciado que hay decenas de menores sin escolarizar y ha criticado que se legitima a una secta sedevacantista.