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Aumentan los delitos por la crisis en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba

La Fiscalía de la CAV ha constatado un aumento de los delitos que pudieran estar relacionados con la situación de crisis económica, como estafas e impagos de pensiones, según recoge en su memoria correspondiente a 2011.


El fiscal superior de la CAV Juan Calparsoro, ha detallado hoy que la tasa de delincuencia en 2011 descendió en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba un 3,47% respecto al año anterior, si bien aumentaron los delitos que pudieran estar relacionados con la situación de crisis económica, como estafas e impagos de pensiones.

En el acto de presentación de la memoria de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2011, Calparsoro ha concretado que la criminalidad –se incoaron en total 135.143 procedimientos penales en en 2011 frente a los 135.143 del año anterior– se redujo en los tres territorios: un 5,9% en Gipuzkoa, un 4,7% en Bizkaia y un 0,6% en Araba.

Sin embargo, ha mostrado su preocupación por el aumento de delitos que pudieran estar vinculados con la situación de crisis económica, como el incremento de robos con violencia e intimidación y la entrada de ladrones en casas habitadas, en muchos casos relacionados con grupos de personas extranjeras.

Según sus datos, el año pasado se registraron un total de 2.245 robos en casa habitada, frente a los 1.577 casos del año anterior. Los robos con violencia aumentaron un 19%.

Además, han crecido los procedimiento incoados por impago de pensiones para el mantenimiento de menores (un 39% en Araba, un 15% en Gipuzkoa y un 37% en Bizkaia), y por estafas (un 15%), con un repunte de las denuncias por engaños en la firma de préstamos por parte de prestamistas particulares que «inevitablemente concluyen en desahucios de la vivienda habitual», según la memoria.

También se han incrementado los delitos por falsedad (un 64%, sobre todo en el ámbito mercantil) y contra la Hacienda pública (44 supuestos en 2011 frente a 30 del año anterior).

Por su parte, los delitos societarios han crecido un 200%, lo cual, según el fiscal, «no es ajeno» a la coyuntura económica y a los procesos de reestructuración de empresas, mientras que los delitos por prevaricación han aumentado un 77%.