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La justicia europea anula un acuerdo comercial entre la UE y Marruecos en Sahara Occidental

El Tribunal General de La Unión Europea ha dejado sin valor, en lo que se refiere al Sahara Occidental, el acuerdo comercial de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos. Rabat ha asegurado que esta medida «influirá sobre la totalidad de las relaciones».


El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado el acuerdo comercial agrícola entre la Unión Europea y Marruecos por incluir al Sahara Occidental en su aplicación, y que fue denunciado por el Frente Polisario. «El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no es válido en relación al Sahara Occidental, pero sigue en vigor en el resto de Marruecos. El acuerdo no es aplicable al Sahara Occidental», han explicado fuentes del Tribunal de la UE.

Marruecos ha firmado con la UE sucesivos pactos que permiten la pesca de buques europeos en aguas territoriales de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD). Ya en 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Marruecos no tenía ningún derecho legal sobre el territorio, lo que no ha impedido a la UE alcanzar acuerdos con Rabat para explotar los recursos saharauis durante años.

Estos acuerdos se vieron comprometidos en 2011, cuando el Parlamento Europeo rechazó el acuerdo de pesca con Marruecos, al considerar que suponía un despilfarro de dinero y que violaba el derecho internacional, ya que la ONU no reconoce el Sahara Occidental como parte de Marruecos.

En su sentencia, el tribunal europeo deja claro que el acuerdo «no garantiza» en sí que la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental beneficie a sus habitantes, dado que el acuerdo «en este sentido es completamente neutro, limitándose notablemente a facilitar la exportación hacia la Unión Europea de los productos del Sahara Occidental».

Ahora, el Tribunal General de la UE rechaza el argumento del Consejo de que «la cuestión de saber si la explotación de recursos del Sahara Occidental se hace o no en detrimento de la población local solo concierne a las autoridades marroquíes» y ha concluido que «el Consejo ha faltado a su obligación de examinar antes de la adopción de la decisión atacada, todos los elementos del caso».

La sentencia del Tribunal General de la UE no es firme y las partes pueden presentar en el plazo de dos meses un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Pese a ello, Rabat se ha apresurado a rechazar la resolución. «Las decisiones que tomen los responsables europeos determinarán la puesta en marcha del resto de acuerdos entre Marruecos y la UE, e influirán sobre la totalidad de relaciones», ha advertido el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi.