La gratuidad de la enseñanza universitaria en Chile empieza a ser una realidad
La enseñanza universitaria gratuita, la principal demanda de los estudiantes chilenos que se lanzaron a las calles desde el año 2011, se ha vuelto esta semana realidad para miles de jóvenes, 35 años después de haber sido suprimida por la dictadura de Augusto Pinochet.
Una educación pública gratuita, de calidad y sin fines de lucro fue el eje de las movilizaciones que mantuvieron los estudiantes chilenos durante cinco años y que, por fin, ha comenzado a hacerse realidad en el segundo mandato de Michelle Bachelet. La universidad será gratis desde este año, después de que, a finales de diciembre, el Congreso aprobara la ley de gratuidad en la educación superior tras una larga tramitación parlamentaria que resucitó las protestas.
La respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera a las demandas estudiantiles fue aumentar el número de becas y rebajar los créditos a los que debían recurrir los jóvenes para financiar sus estudios, todo ello sin afectar a un sistema educativo inspirado en el mercado.
El 21 de mayo, Bachelet asumió el compromiso de hacer realidad el sueño de los estudiantes y de decenas de miles de familias, a través de uno de los proyectos de su ambiciosa reforma educativa.
Desde entonces también se han hecho realidad el fin del lucro en la enseñanza básica y media, el fin de la selección en esos mismos segmentos y la educación obligatoria de párvulos.
En el primer año de vigencia, unos 165.000 estudiantes podrán acceder a la gratuidad. El lunes comenzaron sus trámites de matrícula y de acceso a ese beneficio. Ese día, Bachelet remarcó que la gratuidad universitaria «es un derecho, no un regalo», y dijo que la gratuidad se irá ampliando para cubrir a más alumnos en los próximos años.
El principal requisito es pertenecer al 50% de la población con menos recursos, es decir, familias cuyos ingresos no superen los 180.000 pesos mensuales (unos 250 dólares) por persona.
La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando Augusto Pinochet simplificó los requisitos para crear universidades privadas, hasta superar las 40, que en un esquema de mercado tenían libertad para fijar sus matrículas.
Al mismo tiempo, se redujo el aporte estatal a los centros públicas ya existentes, que comenzaron a cobrar aranceles para mantenerse competitivas.
Los alumnos debieron comenzar a endeudarse para pagar sus estudios, mientras muchos centros privados redujeron las exigencias académicas de ingreso.
Las universidades deben cumplir determinados requisitos, principalmente de nivel académico para acceder a la gratuidad, aunque también pueden mantenerse al margen del sistema. En este primer año, 30 de las 33 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión se han incorporado a la gratuidad.