El contrato de gestión de Vista Alegre beneficia a Flamarique

El edil jeltzale Ricardo Barkala comparece hoy en comisión, a petición de EH Bildu, para informar sobre la situación económica de la plaza de toros de Bilbo, donde ejerce de administrador general dado que el Ayuntamiento comparte la propiedad del coso con la Casa de Misericordia. Es conocida el rechazo de la coalición a que se destine dinero público al mantenimiento de la actividad taurina, cuestión largamente polémica en la capital vizcaina. De ahí que los soberanistas pregunten por la salud financiera de la plaza de toros. Su portavoz, Aitziber Ibaibarriaga, la calificó ayer de «ruina económica», atendiendo a los 153.346,31 euros de pérdidas que acumulan las corridas en los dos últimos años a consecuencia de que la venta de entradas ha descendido en la última década un 53%.

En ese contexto, Ibaibarriaga denunció en rueda de prensa la «opacidad» y el «chanchulleo» que rodean la gestión de la «feria taurina» a través del contrato «a dedo» entre la Junta que preside Barkala y la empresa Martínez Flamarique. En octubre de 2014 se rubricó un contrato «sin concurrencia alguna» que incluye una cláusula suelo que garantiza a la firma un ingreso mínimo de 72.000 euros, además del 15% de los resultados que se obtengan por la taquilla y también por la explotación de los derechos de las retransmisiones televisivas. Las negociaciones en este ámbito, por cierto, corren a cargo de la mercantil, aunque «siempre» con el conocimiento de la Junta Administrativa.

«Estas condiciones resultan absolutamente privilegiadas por la ausencia de concurrencia alguna y es inadmisible que se opte por esta vía perjudicando aún más los intereses municipales. Si fuera un concurso –argumentó– las empresas hubieran pujado a la baja ahorrando dinero al Ayuntamiento».

Por esta razón, EH Bildu puso en conocimiento de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) la existencia de ese contrato que finaliza en diciembre de 2018 pero que se renovará automáticamente por un año si no existiese denuncia expresa por alguna de las partes, tal y como se recoge en el documento. La AVC ya se ha puesto en contacto con el Consistorio bilbaino para que le remita información sobre el citado contrato.

La titularidad pública obliga

Ibaibarriaga aseguró que el Ayuntamiento, como propietario del 50% de la plaza y además –junto con otras administraciones como la Diputación– miembro también de la Junta de Caridad de la Casa de Misericordia, ostenta más de la mitad de la titularidad del coso, y «por lo tanto están obligados a adjudicar ese contrato de gestión a través de una licitación».

Asimismo, anunció la presentación de una moción en el pleno de mayo «para arrojar luz sobre este tema», pidiendo que se resuelva el contrato actual con Martínez Flamarique y se adjudique «de manera transparente». «¿Qué quieren seguir con el maltrato animal? Lo harán bajo su responsabilidad y con la oposición de EH Bildu pero desde luego la gestión del mismo –en referencia al polémico contrato– deberá cumplir con la ley y el principio de transparencia y libre concurrencia».

La coalición entiende además que si se opta por la elaboración de un nuevo pliego, éste debe establecer un canon anual y debe ser adjudicado a través de la libre concurrencia.

Se aporta dinero a la Misericordia pero se desconoce su financiación

El Consistorio bilbaino aportó el año pasado 100.407,74 euros para que aquellas personas atendidas por la Misericordia que fueron propuestas por él pudieran pagar su estancia en la residencia y trabaja en otros proyectos como la apertura de un albergue para personas sin hogar. A pesar de ello y de que forma parte de su Junta de Caridad como la Diputación vizcaina, asegura que «no conoce cómo se financia» la centenaria entidad benéfica. Algo sorprendente.

«El Ayuntamiento de Bilbao no participa de la propiedad de la Misericordia, aunque tenga bienes compartidos –es el caso de la plaza de toros de Vista Alegre–. No aprueba los presupuestos ni los balances de la misma y por tanto, como Ayuntamiento no conoce su financiación», explica el edil de Acción Social, Iñigo Pombo, en una respuesta a EH Bildu.

Resulta curioso que Pombo, uno de los representantes municipales en la Junta de Caridad de la Misericordia, diga que «desconoce el número exacto de miembros» de la Junta en la que él participa. Tampoco informa a la primera fuerza de la oposición del presupuesto de la entidad, ya que entiende que tiene que ser ella quien lo haga. El concejal delegado de Acción Social se limita a decir que «se compromete a hacer llegar al presidente de la Santa Casa de Misericordia las peticiones de EH Bildu, para que éste proceda en consecuencia». A.G.