Un aviso, «cuidémonos más de la extrema derecha judicial que de la política»

«La extrema derecha judicial me parece más peligrosa que la extrema derecha política. La política cada cierto tiempo se presenta a unas elecciones y presentan cuentas y los ciudadanos les votarán o no, pero la judicial no rinde cuentas ante nadie».

Así lo ha advertido el exconsejero de Justicia de la CAV Joseba Azkarraga, que ha participado esta tarde en Gasteiz en un coloquio junto a Andreu Van Den Eyne, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, y a Jaume Roures, socio de Mediapro y director del documental "Causa Especial 20907/2017", en el que se analiza el proceso judicial contra los políticos y los líderes sociales catalanes que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En el documental se pone en entredicho la independencia judicial en el Estado español, que, según un informe publicado hace un par de años por el Foro Económico Mundial, está por detrás de China, India o Indonesia. Y está lejos de Bélgica o Alemania, países que han rechazado las euroordenes dictadas por el juez Pablo Llarena para reclamar la entrega del expresident Carles Puigdemont y de algunos de los exconsellers, a los que en un primer momento acusó de «rebelión».

Azkarraga ha censurado que se hable de un «golpe de Estado» en Catalunya, y ha destacado que «el único golpe de Estado que se viene dando en el Estado español desde hace mucho tiempo, y día a día, es el que están dando dos poderes del Estado que nadie ha elegido, como son el Tribunal Supremo y la monarquía». «Ese es el verdadero golpe de Estado que se está dando en España y no la actitud democrática y pacífica de los líderes independentistas catalanes», ha añadido, antes de advertir de que el poder judicial «intentará embarrar el terreno de juego e impedir una solución política en Catalunya». 

«A día de hoy los poderes judiciales en España no son parte de ninguna solución, sino que son uno de los problemas más importantes», ha manifestado tras criticar que la Junta Electoral Central, un órgano «administrativo», decide quién puede ocupar un escaño y quién puede ser elegido presidente.

En la misma línea se ha pronunciado Roures, que ha destacado que «uno de los principales problemas que tenemos es la ocupación de los principales resortes del Estado por la derecha y por la extrema derecha»; y ha recordado las decisiones que han adoptado hasta la fecha el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en Catalunya, el primero admitiendo el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut, y el segundo encarcelando y condenando a parte del Govern y a los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural.

Ante esta realidad, ha apostado por activar mecanismos para poder «cambiar y controlar» las instituciones que determinan qué «podemos hacer y qué no podemos hacer», en alusión a las instancias judiciales.

«Impunidad del poder judicial»

Van Den Eyne conoce bien el funcionamiento de la Justicia española y ha narrado ante los presentes en el salón de actos del Centro Cívico de Salburua alguna de sus vivencias en los juzgados, tratando con jueces que llevaban una marcha militar de tono en el teléfono móvil y que compartían mensajes unionistas en redes sociales.

Al igual que Azkarraga, el letrado ha advertido del poder de la judicatura, ya que «el juez del pueblo más pequeño de España puede mandar a prisión al presidente del Gobierno, o a la presidenta de un Parlamento, sin juicio. Eso después se transmite en una impunidad que tiene el poder judicial ante la ausencia de cualquier contrapoder».

Por último, se ha referido a la «utilización de las peticiones de pena como forma simbólica de condena», algo que se ha dado en el caso de Catalunya y que se ha repetido en muchas ocasiones en Euskal Herria. Se trata de una operación en la que también participa la Fiscalía, que se encarga de pedir penas elevadas de prisión para que una condena a diez, doce o quince años no parezca excesiva. Una realidad que conocen bien los presos políticos catalanes o los jóvenes de Altsasu, por citar solo dos ejemplos.