La estrategia de salida del confinamiento, bloqueada por la falta de test y mascarillas
La salida escalonada del confinamiento por la que apuestan los expertos a partir de finales de abril se topa en Euskal Herria con dos problemas materiales evidentes e irresolubles a corto plazo: los llamados «test masivos», unos ya llegados y otros comprometidos, solo alcanzarían al 6% y las mascarillas para dificultar nuevos brotes están agotadas.
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La comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, en la tarde del sábado mostró que por primera vez se piensa ya en la salida del túnel del confinamiento –que no del «distanciamiento social» que se mantendrá a distintos niveles durante meses–. Aunque por momentos parezca darse palos de ciegos, lo que se atisba es que sí hay una estrategia, pero no se dispone del material imprescindible para desarrollarla. En cuanto a Ipar Euskal Herria, el primer ministro, Edouard Philippe, apuntó el miércoles en la misma dirección y con procedimientos similares, aunque todavía con menos concreción.
Esa estrategia será obligadamente escalonada (el término «desescalar», hasta ahora usado sobre todo en resolución de conflictos armados, es la palabra de moda). Pero para ella hace falta por un lado diagnosticar y por otro proteger. En dos palabras, test y mascarillas.
Test insuficientes y el «problema» de dar positivo
Una vez bajen decididamente no solo la curva de contagios sino también la de hospitalizaciones y finalmente la de fallecimientos (tres fases temporales diferentes), la recuperación de cierta normalidad precisa que las millones de personas confinadas en su domicilio hace ya 23 días sean diagnosticadas en masa, algo que ha ocurrido hasta ahora con menos del 1% de la población vasca que ha desarrollado síntomas claros, bien para constatarse su positivo o para descartarse el Covid-19. El reto que queda es gigantesco, por tanto.
Vía Gobierno español, a las administraciones de Lakua e Iruñea están llegando este lunes 70.000 test serológicos y se anticipan 70.000 más en los días sucesivos. Es la parte alicuota de los dos millones conseguidos por el momento. Aunque se presente como una prueba de alcance «masivo», y técnicamente lo sea, la realidad es que en Euskal Herria esa cantidad –cuando se complete el segundo envío– solo alcanzará al 5% de la población. Sumando los ya testados, seguiríamos estando en el 6%, por lo que las conclusiones tendrán más valor estadístico (conocer el alcance real de la infección) que práctico (superar la situación).
Con otro matiz importante; los primeros miles van a ir directamente a hospitales y residencias de tercera edad. Mikel Sánchez, portavoz del Gobierno de Gasteiz en este ámbito, ha añadido este lunes que se va a aumentar el número de pruebas en centros de salud básica. En otras palabras, la hipótesis de que alguien aparentemente sano sea requerido para acudir a pie o en vehículo a un punto de prueba (a fin de introducirle un bastoncillo en la nariz o pincharle un dedo) sigue viéndose remota este 6 de abril.
La ministra de Asuntos Exteriores, la tolosarra Arancha González Laya, ha asegurado este lunes en Antena3 que en fábricas del Estado se están produciendo 245.000 test del coronavirus a la semana. La realidad de la dimensión de la pandemia vuelve a ser tozuda aquí; ese ritmo de fabricación es muy alto, pero para abarcar a toda la población de modo autosuficiente harían falta 200 semanas, casi cuatro años.
Estos test rápidos tienen más fiabilidad para detectar los anticuerpos que el virus. Lo que a primera vista parece un inconveniente contiene su ventaja: con ello se puede identificar a las personas que ya han superado la enfermedad, sin síntomas o con síntomas muy leves, y han quedado inmunizadas. Pero hay que volver a recordarlo: con el volumen de test disponible hasta la fecha, en torno al 94% seguiría sin diagnóstico. Algo imprescindible para lo que plantean expertos como el catalán Oriol Mitjà, que ven necesario algún tipo de «DNI vírico» después de esta pandemia.
Entre medio aparece otra cuestión espinosa: ¿qué hacer con quienes dén positivo en ese momento pero no necesiten ser hospitalizados aunque sí confinados? Para los casos en que no sea posible o eficaz aislarlos en casa, se sopesan encierros en instalaciones públicas o privadas (desde polideportivos a hoteles) hasta que superen el Covid-19. Pero ello conllevará a su vez otros problemas; por ejemplo, ¿qué ocurre si una madre de familia monoparental tiene que ser aislada? O ¿es razonable que hijos de personas infectadas pasen a convivir con sus abuelos, grupo de mayor riesgo, cuando también pueden haber resultado contagiados?
Mascarillas, ¿y si no las hubiera?
En cuanto a las mascarillas, tras un intenso debate entre los expertos en el que se añadían factores de cultura y tradición, la OMS abogó finalmente este sábado por extender su uso, antes recomendado primordialmente solo para enfermos y colectivo sanitario. El Estado español asume este criterio y también decidió el mismo día apostar por la mascarilla.
Se esperaba que Sánchez lo enunciase en su discurso del sábado, pero no fue así. El motivo vuelve a ser técnico; encontrar protecciones de este tipo es muy dificultoso y las loables iniciativas populares o empresariales se quedan muy lejos de la demanda real. Y cuando llegan, obviamente la prioridad debe ser para el personal sanitario y de otros servicios expuesto a la carga vírica, que necesita renovar la protección con frecuencia: como dato ilustrativo, Lakua anunció a finales de la semana pasada 400.000 mascarillas para sanitarios.
Así pues, a falta de mascarilas en este momento lo que se sopesa en Madrid es formular el uso de mascarilla como mucho a modo de recomendación, pero no de obligación. La pregunta consiguiente resulta obvia; si se terminan estimando como necesarias para evitar nuevos brotes, ¿cabe materializar una salida segura del confinamiento sin ellas?