El TC rechaza el recurso de Cs contra la última versión de la Ley de Víctimas del Estado

La Ley de Víctimas de la Violencia del Estado ha superado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputadas y diputados de Ciudadanos, interpuesto en la legislatura iniciada en las elecciones del 28 de abril de 2019 cuando la formación naranja obtuvo 57 escaños, que en noviembre quedaron reducidos a 10. El Tribunal Constitucional ha rechazado los argumentos del partido de Inés Arrimadas.

Esta ley se aprobó en en último momento en julio de 2016 cuando el Parlamento de Gasteiz estaba ya a punto de coger unas vacaciones de las que ya no volvería al convocarse elecciones para setiembre de ese año. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad, ya que el PP se había mostrado en todo momento en contra de esta Ley de Víctimas de la Violencia del Estado. El TC admitió el recurso.

Después de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, Lakua negoció con el Ejecutivo una reforma de la ley para solventar los problemas de inconstitucionalidad aducidos por el PP. Es decir, una ley aprobada con el voto de PNV y PSE, de la que se aseguraba que tenía total «seguridad jurídica», tuvo que ser «rebajada» para entrar en los límites constitucionales fijados por el TC.

Con Jusapol en la grada

La Ley de Víctimas de la Violencia del Estado fue reformada en el Parlamento de Gasteiz el 4 de abril de 2019. Recordarán aquel pleno en el que miembros de Jusapol expresaron su disconformidad con la norma en una grada de la Cámara autonómica al que acudieron invitados por el PP, y donde les colocaron en frente a las víctimas de muertes y torturas a manos policiales.

En las elecciones a Cortes del 28 de abril, Ciudadanos obtuvo 57 escaños. Y aunque la legislatura quedó coja porque no fue posible materializar la investidura de un presidente de Gobierno, al partido dirigido entonces por Albert Rivera, le dio tiempo a aprovechar que tenía más de 50 diputados y diputadas para presentar un recurso ante el TC contra le ley, aduciendo que las reformas introducidas no corregían las causas de inconstitucionalidad.

El 15 de julio, el Constitucional ha emitido una sentencia en al que asegura que el principal artículo recurrido por Ciudadanos, no es inconstitucional si se interpreta de acuerdo a los criterios fijados por el propio Tribunal. Mientras rechaza de raíz el resto del recurso.

En la sentencia hay dos votos particulares, uno de Juan Antonio Xiol Ríos y otro de Maria Luisa Balager Callejón, que vienen a coincidir en que el artículo más problemático es constitucional sin necesidad de mayores salvedades.

Cuatro leyes más en la cuerda floja

Leyes aprobadas en los últimos años están siendo sometidas a la presión de los recursos de inconstitucionalidad. La Diputación Permanente del Parlamento va a aprobar mañana el decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco. A pesar de un acuerdo parcial entre Madrid y Lakua sobre la figura de los interinos en la Policía Municipal, queda pendiente el recurso sobre los procesos de consolidación del empleo.

El BOPV publicaba este lunes un acuerdo entre ambos ejecutivos sobre la Ley de Grandes Establecimientos Comerciales, condicionado a que el reglamento de desarrollo de la norma se haga con arreglo a las peticiones de Madrid.

Además, también están recurridas por el Gobierno del PSOE la Ley de Cooperativas, redactada por el Departamento de Trabajo, que está en manos de la consejera del PSE María Jesús San José, lo que da una muestra de hasta dónde llega el afán centralizador de la Administración española.

También está en la cuerda floja parte del Presupuesto de 2020 aprobado en diciembre.