Azerbaiyán, una «enorme prisión al aire libre» para la Cumbre del Clima

Levantado sobre enormes recursos fósiles y gobernado por una familia en el poder desde hace décadas, Azerbaiyán acogerá la próxima conferencia de la ONU sobre el clima en noviembre. La represión ha subido, y son los periodistas, investigadores y activistas de DDHH los que están en el punto de mira.

El 20 de noviembre de 2023, Ulvi Hasanli, director de Abzas Media —un medio independiente en Azerbaiyán—, estaba a punto de subirse a un taxi al aeropuerto de Bakú cuando fue detenido por la policía. Mientras tanto, uniformados registraban la sede de Abzas media en la capital azerí. Aseguraron haber encontrado 40.000 euros en metálico, lo que se incluyó como prueba para acusar a Hasanli de «tráfico de divisas».

«Supongo que estábamos poniendo el foco en temas demasiado sensibles para el Gobierno», explica, desde Berlín y por videoconferencia, Leyla Mustafayeva.

Es la nueva redactora jefe de Abzas Media desde el pasado febrero. Recuerda esta periodista azerí de 41 años que uno de esos temas «demasiado sensibles» tenía que ver con Nagorno Karabaj, ese enclave en territorio azerí cuya población armenia fue expulsada en septiembre de 2023.

«Investigamos los contratos adjudicados para la reconstrucción en la zona y descubrimos que muchas compañías pertenecían a altos miembros del Gobierno», explica la periodista.

En cuanto al segundo, tiene que ver con la construcción de un lago artificial al que se arrojaban residuos tóxicos de una mina de oro. Los periodistas no se conformaron con cubrir la protesta.

«Queríamos tomar muestras para ver los niveles de cianuro en la tierra y el agua porque los lugareños están sufriendo serios problemas de salud pero la zona estaba acordonada por la policía», matiza la periodista exiliada desde 2017.

Fue entonces cuando su marido, Afqan Mukhtarli, periodista y defensor de los derechos humanos azerí, fue arrestado en Georgia y trasladado a Azerbaiyán, en una operación conjunta entre los Gobiernos de Tiblisi y Bakú.

Hoy, seis periodistas de Abzas Media suman a una lista de un total de 23 informadores azeríes actualmente presos en un país, Azerbaiyán, que ocupa el puesto 164 en la lista de Libertad de Prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras.

Observadores locales y foráneos coinciden en que se ha producido una escalada de la represión desde 2023. La Cumbre del Clima de Naciones Unidas de 2024 (COP29) se celebrará del 11 al 22 de noviembre en Bakú.

«Bakú busca silenciar toda voz discordante durante el que ha de ser un gran año para Azerbaiyán», zanja Mustafayeva.

«Estado represivo»

Bañado por las aguas del Caspio y levantado sobre enormes reservas de gas y petróleo, Azerbaiyán fue el lugar donde magnates como los Rotschild o los Nóbel hicieron sus fortunas hace más de cien años, en plena competencia por refinar crudo.

Tras la disolución de la URSS, Heidar Aliyev, un apparátchik y exagente de la KGB, asumió el poder en 1993 tras conducir un golpe de Estado. Su hijo y actual presidente, Ilham Aliyev, le sucedió en el cargo tras su muerte diez años más tarde.

Durante su mandato, los Aliyev han amasado una inmensa fortuna que engorda una serie de contratos muy lucrativos en sectores como el de la construcción, el transporte aéreo y la banca.

Datos recopilados por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP en sus siglas en inglés), las hijas de Aliyev y sus asesores cercanos son accionistas principales en al menos ocho de los principales bancos de Azerbaiyán, controlando activos por un valor superior a los 3.000 millones de dólares estadounidenses.

No obstante, son los magros recursos fósiles del país los que fortalecen la estabilidad del régimen, y también los que le abren muchas puertas en la arena internacional. Pero su reputación parece inversamente proporcional a su riqueza.

La oenegé estadounidense Freedom House califica a Azerbaiyán como «uno de los lugares menos libres del mundo». También ocupa el puesto 154 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 elaborado por Transparency International, una plataforma que trabaja en 100 países.

El pasado 24 de setiembre, Human Rights Watch recordaba que este es el tercer año consecutivo en que la COP se lleva a cabo en un «Estado represivo que limita severamente la libertad de expresión y la reunión pacífica». Los anteriores fueron Dubai y Egipto.

«Se puede decir que Occidente ha fallado a la sociedad civil azerí. Queda claro que la prioridad es la energía, y no los derechos humanos», explica, por videoconferencia y desde Estambul, Arzu Geybulla, periodista azerí independiente de 41 años. No ha pisado su país desde que fuera acusada de «traición» en 2014 por haber trabajado para Agos, un periódico armenio con sede en Estambul. Dice que la cuestión armenia y todo lo que tenga que ver con la familia azerí en el poder desde hace tres décadas son dos de las líneas rojas para periodistas y activistas.

«La represión ha ido a peor en los últimos años. Los periodistas sobre el terreno están completamente indefensos ante amenazas de todo tipo, principalmente porque carecen de protección legal», denuncia Geybulla. Se refiere a medidas como la llamada «Ley sobre la Prensa», aprobada en 2022.

El Comité para la Protección de los Periodistas denunció entonces que dicho decreto aumentaba el control gubernamental sobre la prensa, facilitando la suspensión y el cierre de los medios.

Mensajes

Los informadores no son los únicos en el punto de mira. Uno de los casos recientes más conocidos es el de Gubad Ibadoghlu, profesor de Economía en la prestigiosa London School of Economics y reconocido defensor de los derechos humanos en Azerbaiyán. También trabajó en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

El 23 de julio de 2023, el coche en el que viajaban Ibadoghlu y su mujer fue empujado a una zanja por otros tres vehículos. La pareja fue brutalmente golpeada por agentes de paisano antes de ser trasladada a dependencias policiales en Bakú.

Tras pasar los seis primeros meses en una pequeña celda compartida con otros cinco presos y privado de sus medicinas (es diabético), Ibadoghlu permanece en arresto domiciliario en espera de juicio por cargos de «falsificación» y «propagación de ideas extremistas». No tiene derecho a usar un teléfono y sus visitas están restringidas.

«Era un mensaje para todos: si pueden detener a alguien como él, pueden detener a cualquiera», explica su hija, Zhala Bayramova, abogada especialista en Derechos Humanos, por teléfono y desde la ciudad sueca de Lund. La policía también dijo haber encontrado 40.000 euros en un armario de su oficina, a pesar de que había una caja fuerte en ella. Además del de una cantidad recurrente, la abogada de 26 años también apunta a un patrón entre las campañas de represión.

«En 2003 se cebaron con la oposición política; con las oenegés en 2013, y hoy contra periodistas, investigadores y académicos», subraya la azerí. «Siempre ha habido presos políticos en Azerbaiyán», añade.

Silencio

Informadores en Azerbaiyán contactados por NAIZ apuntaron a jornadas de trabajo cada vez más complicadas.

«Sacar una sola foto en la calle te puede llevar a la cárcel. Hay policías por todas partes, es como una enorme prisión a cielo abierto», trasladó por teléfono un periodista pidió no desvelar su identidad real por temor a represalias.

NAIZ hizo llegar preguntas vía email al Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, así como el Departamento de Prensa y la Policía de Bakú, pero no ha obtenido contestación alguna.

Mientras tanto, los arrestos se encadenan. El pasado 21 de agosto era detenido Bahruz Samadov, un analista político azerí que cursaba estudios de doctorado en la Universidad de Praga. Tras registrar la policía su apartamento por presuntas sospechas de tráfico de drogas y supuestamente encontrar 40.000 euros en metálico, Samadov fue finalmente acusado de «traición».

Pocos días después, Cavid Aga, otro investigador azerí, era detenido en el aeropuerto para ser interrogado por los servicios de inteligencia sobre Samadov. Se disponía a volar a Lituania para continuar sus estudios, pero ahora tiene prohibido abandonar el país. Docenas de periodistas y activistas sufren hoy ese veto.

Aga, de 31 años, se forjó una reputación como observador traduciendo noticias y declaraciones oficiales y aportando contexto durante la guerra de Nagorno Karabaj de 2020. Bakú se hizo entonces con dos tercios del territorio controlado por los armenios tras una confrontación de 44 días.

«Aunque haya una nueva generación en el poder, Azerbaiyán sigue haciendo lo que ha hecho siempre», explica Aga por videoconferencia y desde Baku. El joven analista está sumido en un proceso legal para aclarar su situación y desconoce cuándo se levantará la prohibición de abandonar el país. Admite ser mucho más prudente en sus declaraciones «por razones obvias”». El Gobierno, añade, «ha conseguido que la gente tenga miedo a hablar».