El fiscal europeo avala la amnistía con un dictamen que puede acercar el retorno de Puigdemont
Los detractores de la ley de amnistía al ‘procés’ en el Estado español han sufrido un revés este jueves con el dictamen del llamado abogado general de la Unión Europea. Su opinión, que normalmente da por buena luego el TJUE, es que no hay incompatibilidad con las directivas antiterroristas europeas.
El abogado general de la Unión Europea (UE), Dean Spielmann, ha considerado este jueves que la ley de amnistía al ‘procés’ no es contraria a la directiva europea antiterrorismo y, en contra del criterio de la Comisión Europea (CE), que «no constituye una autoamnistía».
En sus conclusiones publicadas este jueves, el letrado asegura que «nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía» y argumenta que se trata del «fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista», no impuesto por un poder autoritario, y que «su aplicación no se sustrae al control judicial».
«La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente», señala el abogado en sus conclusiones.
Para Spielmann, la amnistía no persigue «proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales» sino «dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación».
Rebate a la CE, representada por un español
En la vista de la causa que se celebró en el TJUE el pasado mes de julio, el abogado de la CE, Carlos Urraca, dijo que no parecía que la norma española respondiese a un «objetivo de interés general», porque fue «parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
Un argumento que refutó entonces la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que «responde a un fin legítimo, explícito y razonable» de mejorar la situación política y social en Catalunya.
Por otro lado, el abogado general no vio hoy ninguna incompatibilidad entre la directiva antiterrorista de la UE y la ley de amnistía, ya que «meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza».
Según el comunicado remitido por el TJUE, la ley de amnistía «cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y no incluye entre los delitos perdonados «aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente».
Respecto al potencial carácter vago o abstracto de la formulación de la ley de amnistía que Bruselas había puesto sobre la mesa, el abogado general comunitario apunta a que, aun con un «ámbito de aplicación material y temporal amplio», la norma abarca «un período determinado y unos hechos que se identifican con precisión, vinculados en su totalidad al proceso independentista de Cataluña».
La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.
Puigdemont y reacciones
La interpretación general en Catalunya este jueves es que la decisión, pese a no ser definitiva, acerca el horizonte del retorno de Carles Puigdemont, que sigue siendo obstaculizado por los tribunales españoles.
El expresident aún en el exilio ha valorado con contundencia este nuevo hecho. «Hoy, el abogado general de la UE ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas -y, en algunos casos, condenados- por una malversación inexistente», ha dicho en redes. No obstante, tiene claro que la última palabra en el Estado español «la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria».
Oriol Junqueras, cuya habilitación también esta pendiente, ha valorado positivamente el dictamen, pero también con prevención sobre su cumplimiento futuro porque «hay una parte de la cúpula judicial que hace muchos años que decidió convertirse en una tercera cámara legislativa que se dedica a modificar, a impedir, a vetar, las decisiones que toman el poder legislativo y el ejecutivo», en alusión al Supremo.
Desde ERC, el diputado Gabriel Rufián ha considerado «de sentido común» este dictamen frente a la «venganza» aplicada por el Estado español a los líderes independentistas.
Ha pedido al juez Manuel Marchena, quien presidió el tribunal que dictó la sentencia del juicio del 'procés', que se lea las conclusiones del abogado general. Y preguntado sobre el retorno de Puigdemont, ha considerado que debería facilitarlo, pero «hay jueces en este país que están haciendo política y están sobre todo aplicando no la justicia o la legalidad sino la venganza y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país».
Los Comités de Defensa de la República (CDR) han considerado en redes sociales que esta toma de posición es «un bofetón monumental a España», ha «dejado en evidencia» a la judicatura y «ha destapado la perversión del sistema judicial español».
«El abogado general del TJUE destroza el relato español y avala la aplicación de la ley de amnistía para las compañeras CDR. ¡Enhorabuena!», agrega su mensaje.
El ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado satisfecho por que el abogado general expone «con toda claridad» que la amnistía «es conforme a derecho europeo».