Galiza aprueba unos presupuestos con ‘privatización’ encubierta y más rebajas fiscales

El Parlamento de Galiza da vía libre este martes a los Orzamentos 2026, que contemplan un gasto de 14.240 millones de euros, con la Xunta monocolor del PP celebrando un «gasto social récord» de 10.000 millones y la oposición del BNG y el PSOE denunciando recortes, privatizaciones encubiertas y desatención social.

La aprobación se sucede en un momento político hiperactivo: el Partido Socialista de Galicia ha visto renunciar a su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, la semana pasada luego que se conocieran las denuncias por acoso sexual contra el presidenta de la Diputación de Lugo, quedando la formación en manos de una gestora y profundizando un momento que ya no venía bien dado que en las últimas autonómicas el PSOE tuvo los peores resultados históricos. Además, el domingo ha habido otra vez una multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela contra la instalación de la macrocelulosa Altri en la comarca de Ulloa, en un pulso que los vecinos y ambientalistas mantienen con la Xunta hace más de un año y con notorio apoyo popular.

Estas son las segundas cuentas públicas del presidenta de la Xunta, Alfonso Rueda, el sucesor tras catorce años de Alberto Núñez Feijóo y quien hace casi dos años consiguió una nueva mayoría absoluta del PP, que lleva gobernando en solitario y con mayoría hace casi dos décadas.

Los presupuestos han sido presentados a mediados de octubre por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien informó en aquella oportunidad que el 88% de las erogaciones previstas son de «carácter social» y que gracias a las rebajas fiscales (se mantienen todas las hechas el año pasado y las hechas por Feijóo) los gallegos dejarán de tributar 793 millones de euros.

En los últimos dos meses de tratamiento parlamentario, el PP ha insistido en que se trata de unas cuentas públicas con gasto social récord, de 10.587 millones de euros, 321 millones más que el año pasado, con dos terceras partes destinadas a las áreas de Sanidad y Educación.

Los 40 diputados del PP, dos más de la mayoría absoluta, votan este martes unos presupuestos en los que el Ejecutivo no ha aceptado ni una de las 500 enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, principal partido de la oposición (25 escaños) y tampoco ninguna de las sugeridas por el PSOE aunque sí han optado por tener en cuenta una transaccional.

Recortes y privatización

A pesar de los elogios de la Xunta al diseño de sus Orzamentos, la oposición no ha ahorrado en críticas en las últimas semanas y los rechazará en el pleno, con acusaciones de privatizar servicios públicos de manera encubierta y de aplicar recortes de facto.

En conversación con NAIZ, la portavoz del BNG en materia presupuestaria, la ourensana Noa Presas, explica los porqués del rechazo: «Fundamentalmente son tres cuestiones; primero es que en realidad son presupuestos recortados porque suben menos de lo que sube la inflación, por lo que no alcanzarán para los servicios públicos. Segundo, porque avanzan en la privatización de la política social, como la atención a víctimas de violencia machista y las residencias de mayores, y tercero, porque va acompañado de numerosas medidas para favorecer el expolio energético de Galiza y seguir vendiendo nuestro país a precio de saldo». 

Noa Presas (BNG) destaca que los centros de información de la mujer se privatizarán y que no se construyen nuevas residencias de mayores: «El aumento del gasto social es una falacia»

Preguntada por un ejemplo de estas privatizaciones, Presas explica que los centros de crisis de 24 horas creados por mandato de la ley conocida como del ‘Sí es sí’ están concesionados y por empresas «dirigidas por gente afín al PP», y relata que los Centros de Información de la Mujer, que financia la Xunta y los gestionan los concellos (ayuntamientos) pasarán tras estos presupuestos a ser de gestión privada. «Ellos no creen en el sistema público. La realidad que tenemos en Galiza no es tan distinta a la que tienen en Madrid», recalca. 

Además, señala que no se construyen nuevas residencias públicas de mayores (en la comunidad autónoma con población más envejecida del Estado) y en paralelo a ello se aumenta la cantidad de fondos destinado a concesiones privadas, «a pesar que el Concello de Contas ha determinado en un estudio que no es un gasto más eficiente» el de las concesiones privadas.

Sobre el «gasto social récord» que asegura la Xunta, la diputada soberanista enfatiza que es «una falacia» porque «realmente el gasto aumenta en gasto corriente, porque el valor del dinero no es el mismo que hace un año o hace diez, pero aumenta la derivación a la privada y no se crean nuevos servicios ni más plazas, simplemente es un aumento que se circunscribe al gasto corriente».

Sobre qué haría la formación liderada por Ana Pontón, explica que en sus enmiendas han propuesto incorporar 100 psicólogos para la atención primaria porque Galiza «lidera las tasas de suicidio en el Estado y el de la salud mental es un ámbito en el que Rueda ha incumplido». Además, proponen enmiendas destinadas a la política de vivienda y contrarrestar las facilidades para la implantación eólica.

Sobre estos casi dos años de Rueda, con una mayoría ganada por él, y las diferencias con respecto a Feijóo, Presas responde: «Nuestro punto de vista es que el presidente dio un paso más en la radicalización del PP. Hay un cuestionamiento directo y sin precedentes a organismos independientes y de asesoramiento, contra los tribunales o el Concello de Contas, y ha reformado la ley de la TVRG. Están buscando cortar cabezas en los espacios que son mínimamente independientes».

Antes de dimitir, el líder del PSOE gallego había criticado los Orzamentos por ser una «feria del engaño» que amplifica la «marginación y desigualdad estructural» de Lugo y Ourense con respecto a las provincias atlánticas.

El PSdG, en momento crítico

El PSdG se encuentra atravesando un momento crítico debido, además, a que la transición en el poder partidario en Lugo no ha sido tan simple, ya que la división al interior de la formación socialista hizo difícil encontrar un sucesor. Finalmente será el histórico dirigente Luis Lago Lage, ya desde este lunes a cargo de la gestora del PSOE provincial tras la dimisión del denunciado José Tomé.

Entre tanto, el PP de Lugo ha pisado el acelerador por la crisis y presiona al BNG para que rompa el bipartito de la Diputación y cambie su voto para que los ‘populares’ ahora pasen a gobernarla. Por ahora, el BNG mantiene el pacto pero exige medidas contundentes a los socialistas de Lugo.