Según informa Efe citando a un portavoz del Poder Judicial, Lugo, sustituido en el poder por el vicepresidente Federico Franco tras ser considerado culpable de «mal desempeño» en sus funciones por el Legislativo, ha pedido resistir al nuevo Gobierno.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha decidido «desestimar sin más trámite» la acción promovida por el exobispo, quien denunció que no le otorgaron el tiempo suficiente para ejercer la debida defensa en el juicio político al que fue sometido el viernes pasado en el Senado.

Esa instancia judicial argumentó en su resolución que, «como se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aunque puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta sino parcial» en este caso.

En opinión de los jueces, «el procedimiento para la tramitación del juicio político de referencia» se cumplió «dentro de los límites de las competencias constitucionales» que tiene el Senado, que actúa de tribunal en un «juicio político» y reglamentó los plazos del proceso.

Han argumentado, también, que un juicio político «es un procedimiento parlamentario administrativo» en el que «se juzgan conductas políticas» y no «un juicio ordinario de carácter jurisdiccional».