En rueda de prensa, los parlamentarios de la coalición soberanista Belen Arrondo y Juanjo Agirrezabala han hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el aumento del horario lectivo de los profesores decretado por el Ejecutivo español. El decreto, aprobado en 2012 por el gabinete de Mariano Rajoy, establecía -una jornada lectiva para el profesorado de la enseñanza pública que superaba en entre dos y tres horas la vigente en la CAV. El Ejecutivo de Gasteiz recurrió aquella medida y no la aplicó, al considerar que invadía sus competencias.

Los parlamentarios de la coalición consideran «inaceptable que la consejera de Educación, la que debe garantizar la calidad del sistema educativo vasco, diga ahora que va a aceptar y ejecutar unos recortes que son incompatibles con una enseñanza de calidad».

En este sentido, han subrayado que en la comunidad educativa el consenso es absoluto en contra de la aplicación del decreto de Rajoy. «Todo el mundo tiene claro que esos recortes no se pueden aplicar y, si en eso estamos de acuerdo, seguro que seremos capaces de acordar cómo impedirlos», han defendido.

Por ello, han pedido a Urkullui y al Departamento de Educación de Lakua que «por una vez sean valientes y defiendan con firmeza nuestro sistema educativo, y que en ese camino se sienten con los agentes y sindicatos del sector, con los grupos políticos, para analizar y consensuar cómo hacer frente a esta nueva imposición e impedir los recortes».

Arrondo y Agirrezabala han afirmado que no se trata de «un caso aislado», sino que es «uno más en una larga lista de agresiones del Estado español, que nos demuestra cada día que las competencias que en teoría tenemos son eso, teoría, porque en la práctica las deja en nada una y otra vez».

EH Bildu sostiene que la única respuesta del Ejecutivo de Gasteiz no puede ser recurrir al Constitucional porque «todo el mundo sabe que ese camino no conduce a ningún sitio, ya que ese tribunal no es un árbitro neutral, sino uno de los órganos supremos del Estado; recurrir a ese tribunal político es perder el tiempo y solo sirve para trasladar a la opinión pública una imagen de firmeza que es falsa».