La ‘Ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida’, impulsada por EH Bildu, ha recibido este viernes el visto bueno del pleno del Parlamento de Gasteiz, en un debate en el que se ha puesto en evidencia la limitación competencial de la Cámara autonómica para legislar sobre esta materia.

El primer artículo de la ley establece que el objetivo de la misma es «regular los derechos que corresponden a las personas en el proceso final de su vida y a garantizar el máximo respeto a su libre voluntad en la toma de decisiones que les afecten».

De esa forma, el texto establece que «toda persona que se encuentre en el proceso del final de su vida tiene derecho a rechazar la intervención (médica) propuesta, a pesar de que esto pueda poner en riesgo su vida».

En la misma línea, la ley defiende como principio básico la necesidad de «garantizar el respeto a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida». Con ese fin, subraya que se deberá «impulsar la actividad, la autonomía y la voluntad de la persona, respetando sus deseos, prioridades y valores».

También plantea que se facilite «el diálogo y la reflexión conjunta con el personal sanitario».

Asistencia

A través de esta ley, se establece la garantía de que el rechazo o la interrupción de un tratamiento por parte de un paciente «no causará ningún perjuicio en su derecho a recibir asistencia integral del ámbito social o sanitario en el proceso del final de su vida».

No obstante, le ley no contempla mención alguna a conceptos como la eutanasia o el ‘suicidio asistido’, prácticas que están tipificadas como delito por el Código Penal, cuya modificación es competencia de las Cortes Generales.

La no inclusión de estos conceptos en el texto ha sido criticada por el PSE y por UPyD. De hecho, los primeros han defendido dos enmiendas que aludían a estas prácticas, las cuales han sido rechazadas. En una de esas enmiendas se planteaba que «los cuidados consistentes en ayuda médica para morir se garantizarán una vez que se reforme el Código Penal, despenalizando la eutanasia y el denominado ‘suicidio asistido’».

El parlamentario del PNV Kerman Orbegozo ha defendido que se trata de una «buena» ley, y aunque ha reconocido que los avances logrados pueden ser «lentos», ha destacado que las leyes deben ser «realizables». Además, tras aludir a las «limitadas» competencias autonómicas para regular sobre esta materia, ha recordado que las leyes deben tener «seguridad jurídica».

«Primer paso»

Por parte de EH Bildu, Rebeka Ubera ha reconocido que el texto no recoge «el cien por cien» de las aspiraciones de su grupo. No obstante, ha explicado que se trata de «un primer paso» que supone un «salto cualitativo» en la protección de la voluntad y de la capacidad de decidir de las personas sobre el final de sus vidas.

«En el camino hacia el Everest [a la despenalización de la eutanasia] se ha llegado al campo base», ha dicho.

En este sentido, ha tendido la mano al resto de partidos, bien para llevar al Congreso una propuesta para pedir la reforma del Código Penal, o bien para proponerlo directamente en la Cámara Baja.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegui ha criticado PNV y EH Bildu se hayan «descabalgado» de la aspiración de «ampliar los derechos civiles», al no incluir en el texto definitivo referencia alguna al ‘suicidio asistido’ o la eutanasia.

Carmelo Barrio, del PP, ha considerado que la ley aprobada es «buena» y, además, «realista». De esa forma, en referencia a las limitaciones que establece el Código Penal, ha afirmado que los partidos que deseen legalizar la eutanasia deben plantearlo en el Congreso de los Diputados.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha lamentado que el de este viernes haya sido un paso demasiado «corto». Maneiro ha considerado que la ley es «insuficiente» y ha coincidido con el PSE en sus críticas a la no inclusión de la eutanasia en el contenido del mismo.