NAIZ
MADRID

El presidente del CSN defiende su dictamen y deja la pelota en el tejado del Gobierno español

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, ha remarcado que su decisión está avalada por «lo que han dicho sus técnicos» y ha afirmado de que será el Ministerio español de Energía, Industria y Turismo el que decida cuánto tiempo operará la central de Garoña si finalmente decide autorizar su reapertura.

La comparecencia de los miembros del CSN ha suscitado una gran expectación entre los medios. (@CSN_es)
La comparecencia de los miembros del CSN ha suscitado una gran expectación entre los medios. (@CSN_es)

Marti ha ofrecido una multitudinaria rueda de prensa horas después de que el pleno CSN haya aprobado, con cuatro votos a favor y uno en contra, avalar un dictamen favorable a que Garoña vuelva a conectarse a la red si hace las inversiones en seguridad que se le requieren.

El presidente del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear, nombrado a propuesta del PP, ha aclarado que el CSN ha aprobado que Garoña opere hasta 2031 (los próximos 14 años) si cumple lo que se le pide en materia de seguridad, pero que los plazos de autorización los tendrá que poner el Gobierno español.

«El CSN no autoriza a Garoña a operar ni lo desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo; es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo», ha incidido Marti.

«Nosotros ni abrimos ni cerramos centrales, solo establecemos condiciones para que sean seguras», ha insistido Marti, quien ha recordado que el CSN es «un organismo técnico» que se limita a emitir los informes que pide el regulador.

El presidente del CSN ha remarcado que lo que han avalado este miércoles cuatro de los cinco consejeros del CSN es «lo que han dicho los técnicos».

Por su parte, Antonio Munuera, director técnico de seguridad del CSN ha indicado que los requerimientos que el dictamen para Garoña puede agruparse en diez grandes condiciones, la mayoría de las cuales atienden a modificaciones en el diseño exigidas desde el accidente en la central de Fukushima (Japón).

Esas modificaciones deberán ejecutarse antes de la carga del combustible nuclear si la central recibe autorización.

Argumentos en contra de Narbona

La consejera Cristina Narbona, nombrada a propuesta del PSOE, que ha votado en contra de avalar la reapertura de Garoña, ha señalado que uno de sus principales argumentos para hacerlo es que por primera vez desde 1999 el CSN concede un informe favorable sin establecer un límite temporal a la renovación de explotación.

Desligar una y otra cosa «contradice la guía de seguridad nuclear todavía en vigor», ha incidido Narbona, quien ha agregado que esta guía está siendo revisada en estos momentos «para eliminar esta referencia temporal».

A juicio de Narbona, «no está justificado por qué se pasa de una práctica reconocida a escala internacional, como es la renovación a diez años en lugar de renovaciones de explotación sin fecha, máxime cuando los requerimiento de seguridad que se le habían hecho antes incluso de pedir el dictamen de hoy no se habían cumplido».

El consejero Fernando Castelló, propuesto por el PP, le ha respondido que la revisión periódica de seguridad cada diez años «no vincula para nada los plazos de autorización que corresponden al Ministerio».

Respecto al alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años, Javier Dies, otro de los tres consejeros propuestos por el PP ha señalado que en el mundo hay 87 reactores para operar hasta los 60 años, y 117 con permisos más allá de los 40 años.

Dies ha agregado que en Estados Unidos están planteando ya que las nucleares operen de los 60 a los 80 años.

Los consejeros han dicho desconocer dos preguntas planteadas por los periodistas referentes a qué inversión requerirán las mejoras de seguridad que exigen a Garoña para reabrir, y cuánto tiempo tardarían en hacerlas y en conectarse a la red si recibe autorización del Gobierno español.